Bildu: una trampa anunciada

MADRID- Desde marzo de 2003, fecha de la ilegalización de Batasuna, la historia se repite. Cada cuatro años, según se acercan las municipales y forales, pretende regresar, con mayor o menor fortuna, a las instituciones democrática. En 2007, intentó volver de la mano de ANV. En aquella época, el Tribunal Supremo anuló 133 candidaturas de esta formación. Días después, el Constitucional refrendó por unanimidad el fallo. Sin embargo, ahora esta unanimidad ha volado por los aires en ambos tribunales, que han sufrido presiones evidentes de propios y extraños.

Estas presiones se han ido cocinando a fuego lento durante meses, al calor del diseño de la nueva formación política de la izquierda abertzale, en un contexto de tregua, decretada por la la banda etarra en enero pasado. Meses antes, en la primera quincena de octubre, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, cerraron en La Moncloa un acuerdo sobre los Presupuestos de 2011, que incluye las bases para la «pacificación de Euskadi», según adelantó LA RAZÓN el pasado 17 de octubre de 2010 y ha confirmado el PNV esta semana.

En la hoja de ruta que ambos líderes diseñaron entonces figura en un lugar destacado el regreso de Batasuna a las instituciones democráticas, según el PNV. Eso sí, la condición indispensable impuesta por ambos fue un rechazo público de la violencia de la formación con la que los batasunos fueran a acudir a la cita con las urnas. Paralelamente, Iñigo Iruín, abogado de batasunos y etarras y amigo personal de Jesús Eguiguren, elaboró los estatutos de un nuevo partido. La presentación en sociedad del mismo no se hizo esperar. En una escena política complicada por las revelaciones del «caso Faisán», en febrero se daba a conocer y se hacía público su rechazo a la violencia.

Pese a ello, el Gobierno y la Fiscalía llevaron al Supremo su ilegalización. Desde un primer instante, tanto Batasuna como el propio Ejecutivo, fiaron la suerte de Sortu a la mayoría progresista del Constitucional. Sin embargo, el acoso ejercido por el PP sobre el vicepresidente primero a costa del chivatazo de ETA, provocó que el Gobierno extremara su prudencia para evitar dar munición a los populares. De ahí que cambiara de opinión y prefiriera que el TC se pronunciara, como así será, después del 22-M sobre si Sortu puede inscribirse en el registro de partidos, tras la polémica decisión del Supremo de impedírselo por la decisión de nueve magistrado frente a siete, favorables a que concurriera a los comicios.

Pese a este escenario nada halagüeño para las futuras expectativas electorales de Sortu, el Ejecutivo sigue confiando en que la mayoría progresista del Constitucional permita a este formación de nuevo cuño registrarse en Interior, una vez que Iruín presente el recurso de amparo contra el fallo del TS, según el PNV.

Tras esta decisión del Supremo, Batasuna se puso manos a la obra para desarrollar su «plan B»: Bildu, una coalición integrada por EA, Alternatiba e Independientes, diseñada tiempo atrás. La reacción de la Fiscalía y del Gobierno a su presentación no se hizo esperar. En un primer momento, la Fiscalía pensó en impugnar lista por lista las candidaturas de Bildu. Sin embargo, cambió de opinión tras comprobar que tan sólo el 10% estaban contaminadas con la presencia de personas vinculadas a Batasuna. Mientras, el Gobierno planeó una impugnación en bloque de todas las candidaturas. Pese a ello, no preveía que el Supremo fuera a anular todas las listas. Tampoco contó con que su socio parlamentario fuera a plantarle cara y a recordarle el pacto sellado en otoño pasado.

Y es que la situación se le complicó al Ejecutivo en exceso el fin de semana pasado. Tras el fallo del Supremo el pasado domingo contrario a Bildu por nueve votos a favor y seis en contra, el Gobierno trasladó el lunes a Urkullu su esperanza de que la mayoría progresista del Constitucional allanara a la coalición el camino hacia las elecciones.

Esta revelación se produjo horas después de que el dirigente nacionalista diera por «suspendida» la colaboración con el Ejecutivo, tras la sentencia del Supremo. Cuatro días más tarde, la mayoría progresista del Pleno del Tribunal Constitucional convirtió en realidad la esperanza del Ejecutivo central. La izquierda abertzale estará en los próximos comicios del 22 de mayo, frente a una Justicia dividida.

«Una auténtica insidia»
El vicepresidente primero del Gobierno desmintió ayer con contundencia que el Gobierno haya presionado directa o indirectamente al Tribunal Constitucional para que falle a favor de los intereses de Bildu, tal y como se ha publicado en la Prensa. «Es una auténtica insidia», repitió acalorado en diversas ocasiones. Acto seguido, aseguró que él no se ha reunido con nadie del TC. Momentos antes, dijo acatar su sentencia. Pero no descartó durante la campaña electoral impugnar lista de Bildu si las Fuerzas de Seguridad aportan nuevos datos. Rubalcaba desvinculó Bildu de la duración la legislatura. En este contexto, dio por sentado que el Ejecutivo agotará la misma.