Los imputados en los ERE certifican el descontrol en el uso de los fondos

Las dos se presentaron como «víctimas», ratificando lo que ya expusieron en la declaración ante la Policía Judicial. Ninguna se preocupó por cerciorarse de la legalidad de todo el proceso del que acabaron beneficiándose.

Los casos son distintos. María del Carmen Fontela, imputada por los presuntos delitos de prevaricación, apropiación indebida y tráfico de influencias, figura como prejubilada en el ERE del restaurante Río Grande de 2005. También aparece en otro ERE, el de Mercasevilla de 2003. Por el primero de ellos, le correspondieron 155.605,27 euros. Ella asegura que no los cobró, que fue «engañada» por el comercial de Vitalia Vida Francisco José González García. Ante la Policía Judicial, éste admitió que fue así. Que la convenció para abrir una cuenta a su nombre con el argumento de que le debían un dinero y no quería que su familia se enterara. La mujer aceptó porque se conocían «desde hace 42 años». González García tenía acceso a la cuenta y sacaba diariamente 600 euros del cajero automático. Antes había firmado la documentación de la póliza.
En su declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, admitió que se quedó con unos 1.750 euros correspondientes a las «devoluciones» de Hacienda, dinero que le transfirió el comercial de Vitalia Vida. Las cantidades eran «para que tomara una cerveza».

El segundo caso es el de una de las empresas que recibieron dinero para financiar un ERE. La Junta abonó con cargo al «fondo de reptiles» 1,5 millones de euros al restaurante Río Grande para pagar el despido de 12 trabajadores –13 con Carmen Fontela–. En una tensa declaración, que incluyó algún enfrentamiento con la instructora según fuentes judiciales, la propietaria negó que estuviera al corriente del proceso que acabó con la inclusión de una «intrusa». María del Carmen García Sánchez, imputada por prevaricación y malversación, firmó los certificados individuales de los empleados despedidos. Aseguró que no recuerda qué ocurrió con el de Fontela. Primero dijo que lo firmó en blanco y luego que no sabe cómo consiguieron su firma.
Tampoco estaba al tanto de las gestiones realizadas para obtener 1,5 millones, porque todo lo llevó el despacho Estudio Jurídico Villasís. Llegó a manifestar incluso que los beneficiarios del dinero fueron los trabajadores, cuando su empresa se ahorró esa cantidad con los despidos.

La empresaria, imputada por prevaricación, maquinación para la obtención fraudulenta de fondos y cohecho, también manifestó que no conocía a Juan Lanzas, pese a que medió en el ERE de su empresa y estuvo varias veces allí reunido con los trabajadores. Tampoco dio explicaciones sobre por qué contrató a una mujer –María José de la Rosa– con 64 años y sólo 149 días cotizados para incluirla en el ERE seis meses después, lo que le permitió embolsarse más de 100.000 euros. «En los curriculum se miente mucho», fue su explicación.

Las declaraciones de los imputados muestran que los reparos de los que en su día alertó la Intervención General de Hacienda sobre el procedimiento administrativo elegido para tramitar los fondos de la partida 31.L no eran alarmistas. Las declaraciones se retomarán el día 22.

Empleo es «un barco pirata a la deriva»
El PP tachó ayer a la Consejería de Empleo de ser «un barco pirata a la deriva», tras acusar al titular de este departamento, Manuel Recio, de no haber remitido a la juez que investiga los ERE irregulares un total de 327 expedientes de ayudas concedidas por el denominado «fondo de reptiles». Esta acusación fue realizada por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, tras formular una pregunta oral en el pleno del Parlamento andaluz al consejero de Empleo, quien advirtió de que su Consejería ha remitido a la juez «toda la información» que se encontraba en este departamento. Recio, que acusó ayer al PP de querer seguir convirtiendo este asunto en el Parlamento «en su día particular de la marmota», rechazó las acusaciones de «opacidad y falta de colaboración» de la Junta con la Justicia sobre el caso de los ERE.