España
Choque de trenes (en perjuicio de todos) por Jaime Barbero Bajo
Nadie podría imaginar, en los primeros años de nuestra democracia, que los dos principales tribunales de justicia, garantes de nuestros derechos fundamentales y, en ocasiones, piezas clave en el asentamiento de los principios y valores del Estado autonómico, se vieran involucrados en enfrentamientos y reproches que (con altas dosis de manipulación política y mediática) ahondan en el sentimiento de desencanto general de los ciudadanos.
Evidentemente me refiero al último episodio de disparidad de criterios entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional al hilo de los casos «Bildu» y, no olvidemos, «Zalduondo». Si se consulta la hemeroteca, se encuentran antecedentes en los que los magistrados de uno y otro tribunal se han sacado los colores sin reparo alguno.
Cabe recordar supuestos similares a los actuales, como el de «Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos»; otros como el «caso Urbanor» –que revocó la condena de «los Albertos» por discrepancias sobre la prescripción de delitos– o la condena que el Supremo impuso a los magistrados del Constitucional por no examinar debidamente el recurso de amparo interpuesto por un abogado.
Para algunos, el Constitucional se extralimita en sus competencias al enjuiciar hechos concretos sin valorar la racionalidad de los parámetros adoptados. Para otros, el órgano presidido por Pascual Sala ha fallado con independencia y alto sentido de la responsabilidad, y es la propia discrepancia entre tribunales la que garantiza la buena salud de nuestro Estado democrático, capaz de cobijar a todos bajo un mismo paraguas, independientemente de las simpatías o repulsas que se generen. Lo que queda fuera de toda discusión ideológica son datos objetivos como el número creciente de votos particulares que proliferan en las sentencias de ambos tribunales, lo cual pone de manifiesto el distanciamiento de aquellas fundamentaciones que, en otros tiempos, fueron ejemplo de independencia y buena técnica jurídica, dentro y fuera de España.
Para concluir, que el ciudadano de a pie no crea en la integridad de sus políticos o no confíe en sus instituciones más cercanas ya es preocupante, pero que dichas sensaciones contagien a jueces y tribunales debería hacer reflexionar a las altas esferas del Estado, ya que el descrédito de la más básica de nuestras instituciones (la JUSTICIA, con mayúsculas) va en detrimento de todos.
Jaime Barbero Rojo es coordinador del Área de Derecho Constitucional de Lex Nova
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