La Justicia confirma la sanción de la Comunidad contra Félix Palomo

Madrid- Pidió al juez que revisase su caso y la sentencia confirma que su «olvido» fue «muy grave». El pasado lunes el magistrado del Juzgado de lo Social número 2 de la capital falló que el funcionario Félix Palomo incurrió en una falta «muy grave» al no solicitar una autorización o la compatibilidad de actividades para comenzar a desempeñar tareas profesionales en la empresa privada en el curso de su contrato como empleado público de la Comunidad de Madrid.Todo comenzó en el año 2000 cuando el funcionario firmó una declaración en la que confirmaba que no era objeto de incompatibilidad para formar parte del cuerpo de liberados sindicales con el que cuenta el sindicato UGT en el Gobierno autonómico. Después de esto constituyó varias cooperativas de vivienda –todas relacionadas con el citado sindicato–, fundado empresas cuyo objeto social, en tres de los casos, está relacionado con el urbanismo y, hasta 2008, fue tesorero de una asociación deportiva cuyas instalaciones están muy próximas a la Asamblea de Madrid, en el barrio madrileño de Vallecas.

No pidió autorizaciónA pesar de la obligación que pesa sobre todos los liberados sindicales de informar sobre sus segundas actividades, Palomo nunca hizo partícipes a sus superiores de sus otros negocios, tal y como recoge el fallo judicial. «Se trata de actividades que están sujetas a la previa concesión o reconocimiento de compatibilidad por parte de la Administración empleadora», dice la sentencia en la que también se puede leer que Palomo «omitió la solicitud de autorización de compatibilidad exigible en su caso». De esta manera la Justicia quita la razón al sindicalista, que entró a declarar en el juzgado el pasado 13 de mayo espetando a una periodista de Telemadrid que le esperaba en la puerta: «No voy a dar explicaciones porque no he cometido irregularidades». Ahora el documento judicial informa de que Félix Palomo sí que tuvo que dar sus motivos para no informar de su entrada en varias empresas privadas.El sindicalista, pareja sentimental de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, quiso alegar en este contencioso que sus faltas habían prescrito y adujo, según su testimonio recogido en la sentencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, que «cesó en dicho cargo –el de la asociación deportiva– en febrero de 2008, por lo que desde entonces empezó a correr la prescripción». Sin embargo, el artículo 97 del Estatuto Básico del Empleado Público determina que «las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años». El juez ha entendido que no es su caso.También intentó el funcionario que el juez se «apiadase» de él alegando que su sanción no respondía únicamente a su actividad profesional sino que su caso se había convertido en un juicio político, en virtud de su relación personal con la portavoz de la oposición al Gobierno de Esperanza Aguirre en la Asamblea. Para acreditar este extremo el liberado sindical llegó incluso a acudir al juzgado con un ejemplar de este diario en el que se relataba su caso. El magistrado no reconoce la presentación de este artículo como prueba válida y afirma en su escrito que «no se ha acreditado con la debida consistencia que la actuación de la Comunidad de Madrid obedezca a una actuación persecutoria, ni tampoco la concurrencia de discriminación».A pesar de todo esto, el juez estima «parcialmente» las peticiones que exigía el liberado sindical en su demanda. Revoca la decisión de la Comunidad de trasladarle de puesto de trabajo, consecuencia de la sanción que le impuso el pasado verano, pero no le da derecho a indemnización alguna.

Readmisión en JuventudAsí, los responsables de la Dirección General de Función Pública deberán devolver a Palomo su puesto como coordinador del Plan de Vivienda Joven, dependiente de la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo.Félix Palomo podrá interponer un recurso de suplicación a lo largo de esta semana.

Un caso que surgió del cobro de sobrepreciosParalelo al expediente laboral contra Félix Palomo, la Comunidad de Madrid ordenó la apertura de otra investigación, esta vez en el ámbito de la consejería de Vivienda. El caso del funcionario surgió a raíz de la denuncia de varios cooperativistas de Vallecas sobre las presuntas irregularidades cometidas en el desarrollo de su urbanización. Los propietarios denunciaron un supuesto cobro de sobreprecios en sus pisos, promovidos por el sindicato UGT. Los cooperativistas advirtieron en varias ocasiones al sindicato la situación en la que se encontraban, pero ningún responsable de UGT tomó cartas para esclarecer el asunto.