Los «mediadores» implican a la Junta en la aprobación de ERE irregulares

SEVILLA- Las consultoras y aseguradoras que actuaban como «mediadoras» en los expedientes de regulación de empleo de empresas en crisis donde se han detectado irregularidades informaban a la Junta de Andalucía de todos sus movimientos y, de hecho, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo autorizó la financiación pública de los ERE con los «intrusos» colocados entre los prejubilados con ayudas.
Así ocurrió en la regulación laboral emprendida en el restaurante Río Grande en 2005, investigada por la titular del juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, y también en la iniciada en Mercasevilla en 2007, donde comenzó el escándalo que ha desvelado una presunta trama para la «utilización fraudulenta» de ERE.
En el primer caso, y según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero fue informado en todo momento por la consultora Vitalia Vida sobre los empleados incluidos en la regulación laboral y las condiciones económicas de su prejubilación.
El 23 de noviembre de 2005, el director comercial de Vitalia, Antonio José Albarracín, remitía a Guerrero por correo electrónico la «carta de financiación de Río Grande, al objeto de que sea firmada por vosotros», adjuntando un listado de 13 trabajadores con especificaciones sobre su edad de prejubilación y el pago de sus retribuciones en cinco cuotas. En esa relación ya aparecen como beneficiarias Carmen Fontela, una de las personas identificadas por la Policía Judicial como «ajenas» a esta empresa, y María José de la Rosa Aparicio, también investigada porque su vida laboral en Río Grande comenzó dos meses antes de cumplir 65 años y resultó ser la adjudicataria de 150.000 euros.

Con prisas
A pesar de estas irregularidades, el exdirector general de Trabajo rubricó ese mismo día, 23 de noviembre de 2005, la «conformidad» oficial de la Junta a la aseguradora Personal Life para financiar las pólizas de 13 extrabajadores del restaurante, con el compromiso de abonar 664.092,93 euros en junio de 2006 y la misma cantidad al año siguiente.
El conocimiento autonómico de estos procedimientos es también evidente en el ERE de Mercasevilla de 2007. En su declaración policial, Albarracín explicó que el exgerente del mercado central de abastos Fernando Mellet solicitó a Vitalia Vida la inclusión de un tal Antonio Garrido Santoyo entre los prejubilados por «un compromiso ineludible», pero no lo hizo hasta que Garrido le comunicó personalmente que la Junta «autorizaba dicha póliza». Este sujeto resultó ser un entonces dirigente del PSOE de Baeza que jamás había trabajado en las instalaciones sevillanas.
En base a esta documentación, el presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, insistió ayer en que «responsabilidades políticas las hay, y muchas» por parte de la Junta en este escándalo. Señaló directamente a su presidente, José Antonio Griñán, y a su predecesor en el cargo y hoy vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, por «haber conocido los procedimientos en marcha y haberlos tapado».

CLAVES
Dos pagos, más de 1,3 millones
- El compromiso de pago rubricado en Empleo para Río Grande contemplaba dos abonos de 664.092,96 euros, el primero el 1 de junio de 2006 y el segundo en la misma fecha del año siguiente.

- El presidente del PP-A, Javier Arenas, recordó que «la inmensa mayoría de las comunidades autónomas tienen órdenes a través de las que regulan las ayudas a trabajadores sometidos a ERE». En Andalucía, había un «fondo de reptiles».