El hotel del «caso Palau» salpica al consejero Castells

La Fiscalía de Barcelona presentó ayer una querella criminal contra los dos principales imputados en el expolio millonario del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull. Ahora les acusa de los delitos de tráfico de influencias y apropiación indebida por la operación para construir el Hotel del Palau, en la que se iban a embolsar 3,6 millones. Esta nueva querella salpica al consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells. El motivo: un convenio firmado por la Fundació del Palau y esta consejería, que tenía como objetivo la construcción del lujoso Hotel del Palau, previa compra de unos inmuebles adyacentes al edificio. La Fiscalía pedirá que Castells declare como testigo.Esta nueva acusación contra Millet es consecuencia del proceso de recalificación para construir el hotel, que finalmente no se llevó a cabo al estallar el escándalo del saqueo. Una novedad importante es que el fiscal de Delitos Urbanísticos recrimina a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona que autorizaran la construcción de este hotel, que Millet y Montull adjudicaron a Olivia Hotels, propiedad de Manuel Valderrama, a su vez vocal de la junta rectora de la institución cuando se cerró la operación. Todo comenzó en 2003, cuando Millet convenció al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas para que les cediera de forma gratuita dos fincas anexas al Palau, a cambio de unas obras de remodelación en el Instituto la Salle Comtal. Los autores confesos del expolio querían construir allí el hotel, pero su problema era que estas instalaciones estaban calificadas como equipamientos y era necesario recalificarlas para uso residencial. La Fundació Órfeo Català-Palau de la Música, la Generalitat y el Ayuntamiento pactaron en 2006 una permuta que permitió destinar a uso residencial estos terrenos escolares anexos al Palau, mientras que otra finca propiedad de la Generalitat se recalificó como equipamiento, aspecto que, según la Fiscalía, pudo provocar una pérdida de su valor patrimonial. La querella denuncia que antes de firmar este convenio era necesario un informe jurídico de la asesoría jurídica de la consejería, para valorar si la operación se realizaba en los términos económicos pertinentes. La Fiscalía considera que las administraciones favorecieron intereses privados de Millet y Montull, quienes usaron sus relaciones personales con el consejero y autoridades del Ayuntamiento de Barcelona, cuya comisión de Urbanismo acabó aprobando la modificación urbanística. Por eso, el Ministerio Fiscal también pedirá al juez que cite a declarar como testigos al teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García-Bragado (PSC), y al líder de CiU en el Consistorio barcelonés, Xavier Trias, para que explique si los imputados intentaron contactar con él durante este proceso. La Generalitat, contra MilletEconomía aseguró que «colaboraremos en lo que haga falta con la Fiscalía para defender nuestra gestión» y añadió que «la operación fue limpia por parte de la Generalitat». Asimismo, anunciaron que actuarán contra Millet si la recalificación afectó al interés público, aunque aseguraron que el propio convenio preveía las compensaciones para garantizar el valor de los derechos de la Generalitat.