Los colegios endeudados a la fuerza

MADRID- Menos grados de calefacción, que en vez de encenderse a las 8:00 horas se activa a las 10:00. Menos uso del teléfono para los trabajadores del centro. E incluso menos horas de clase. Este es el panorama de muchos centros concertados. Y es que servicios básicos como la luz, el agua, la calefacción y el teléfono podrían ser considerados artículos de lujo. El retraso en los pagos por parte de las comunidades autónomas, unido al hecho de que las donaciones de los padres han descendido, está provocando que muchos colegios estén recurriendo a fondos propios o préstamos bancarios para poder contar con estos servicios. Sin embargo, «están a expensas de que les corten los suministros», asegura a este diario Antonio Rodríguez-Campra, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).
La patronal de la enseñanza privada y concertada apunta que los retrasos se están concentrando en la «partida de otros gastos», de tal forma que, si bien no hay problemas en las nóminas de los profesores, sí están afectando a servicios indispensables. Y esta partida «supone una cantidad muy pequeña en comparación con los gastos totales de la enseñanza»: un 2 por ciento. «Para las consejerías de Educación supone muy poco, pero para los centros es mucho: son sus suministros», añade.

Mientras, Escuelas Católicas aclara que las comunidades más endeudadas son Islas Baleares –siete meses–, Castilla-La Mancha –seis meses–, Comunidad Valenciana –cinco meses–, Murcia y Cataluña –en ambas dos meses–.

5.700 euros por aula
A la hora de cuantificar las deudas de las autonomías, el portavoz de estos centros, Luis Centeno, aclara que «el coste de funcionamiento de un aula de Infantil y Primaria es de 5.700 euros al año, mientras que de Secundaria es de 7.500 euros». Así, la deuda de las autonomías ascendería a decenas de millones de euros. Un ejemplo: antes del pago de su último trimestre, «la Comunidad Valenciana debía a los centros 50 millones de euros». A esta situación, se suma el hecho de que «entre el 8 y el 10 por ciento» de los padres de escuelas católicas ha dejado de aportar donaciones a los centros. «En algunas regiones, como la valenciana, los centros han comunicado a los padres que, si no se soluciona el tema de los retrasos, las donaciones serían imprescindibles», dice Centeno.

Todo ello supone una amenaza para estos centros. Como afirma Rodríguez-Campra, «sobreviven como pueden–, pues aquellos que se encuentran en régimen de alquiler podrían tener que hacer frente a un desahucio.