El concejal de Obras de San Fernando imputado por prevaricación

En el Juzgado número 2 de Coslada, Alberto López Cabrera (IU), tendrá que explicar si, como dice una denuncia formulada por la propia Fiscalía, prevaricó en la adjudicación de cuatro de las seis obras subvencionadas con el Plan E del Estado a una empresa registrada tan sólo tres días antes de la concesión.

Tal y como publicó LA RAZÓN en marzo del pasado año, la empresa Interra Ingeniería del Territorio se inscribió en el Registro Mercantil el martes 27 de enero de 2009 y tres días después recibió la adjudicación por parte del Ayuntamiento de San Fernando, que dirige Julio Setién (IU), de contratos municipales por valor de 72.000 euros, cuando Interra contaba con un capital social de tan sólo 3.100 euros. En menos de seis meses esta empresa recibió adjudicaciones por importe de 150.000 euros.

Los seis proyectos municipales financiados a cargo del Plan E en San Fernando fueron adjudicados a tres empresas relacionadas entre sí. La administradora de Interra Ingeniería del Territorio, Mónica Rodríguez Castaneda, había ocupado tiempo atrás el mismo cargo en Urbinges Ambiental, empresa a la que también se le concedió uno de los contratos del Plan E .

Esta sociedad se constituyó en 2002, siendo sus administradores Mónica Rodríguez Castañeda y Roberto Cerón Sanz. Ya en 2005, Alberto Cerón (hermano de Roberto Cerón) les sustituyó como administrador único. Lo curioso es que tanto Alberto como Roberto Cerón son también administradores de Ocesa Proyectos y Construcciones, que es la tercera empresa que consiguió adjudicaciones del Plan E. Da la casualidad de que las entidades Ocesa y Urbinges Ambiental comparten domicilio social.

El portavoz del PSOE, denunciado por acoso

Contra Manuel González Rojo, primer teniente de Alcalde de San Fernando de Henares, concejal de Vivienda y líder del PSOE en la localidad también hay una denuncia. Una trabajdora de la Empresa Municipal del Suelo le acusa de maltrato y acoso laboral. Junto a González Rojo, la gerente de la EMSV, Lucía Orea Pedraza, también ha sido acusada de los mismos delitos por parte de otra empleada de la empresa pública. Ambas han puesto su situación en manos de la Justicia, tras asegurar que tanto González Rojo, por un lado, como Lucía Orea, por otro, «nos han hecho la vida imposible» y «nos han dado un trato vejatorio». Afirman que han sembrado «el miedo y el terror» en la empresa y «no han parado hasta que las dos hemos acabado de baja por estrés y depresión».