Faisanes

Tal y como adelantó el martes LA RAZÓN, será el Pleno de la Sala de lo Penal la Audiencia, y no la Sala Segunda, la que se encargue de ver el «caso Faisán». Dada la «complejidad e importancia jurídica» (sic, por el adjetivo), y como 18 jueces «verán» más que cuatro, sin duda el Gobierno socialista estará más tranquilo. También lo estará el candidato Rubalcaba, principal protagonista y principal perjudicado en su intento de reconvertirse en la nueva esperanza impoluta del socialismo español. Han aumentado, sin duda, las posibilidades de que el juicio acabe en un juzgado de Irún y no en la Audiencia Nacional. Además, tal vez eso querrá decir que el presunto delito no merece la calificación de «colaboración con banda armada», sino la de revelación de secretos.

Entre «colaboración» y «revelación de secretos» la línea es fina y confusa. Caben, sin duda, muchas interpretaciones. Es dudoso, sin embargo, que el criterio para aclararlo sea la adhesión de los acusados a los postulados de la ETA. Parece bastante claro que se puede colaborar con alguien sin compartir sus objetivos: es una conducta rutinaria y generalizada, que se entiende por sí sola, sin necesidad de recurrir a términos grandilocuentes como los de tácticas y estrategias. Quienes, presuntamente, hicieron posible que 54.000 euros procedentes del chantaje a empresarios llegaran a manos de los etarras, habiendo podido evitarlo, no tienen por qué compartir los objetivos de la ETA. Y sin embargo, el asunto que está en juego sigue siendo si lo hicieron o no: y si lo hicieron, es imposible comprender, ateniéndonos al puro y simple sentido común, que eso no sea una forma de colaborar con los terroristas.

En términos más generales aún, se puede entender, e incluso justificar por los posibles resultados una actuación policial como la del «Faisán». No es la primera vez que cosas así –y mucho peores– ocurren. Tampoco será la última. Cosa muy distinta es que quienes actúan de esa manera pretendan que esos mismos hechos, una vez descubiertos, no tengan efectos políticos y apenas tengan efectos jurídicos. Eso podrá ocurrir en regímenes despóticos, en los que la opinión pública no cuenta porque se la mantiene a raya, desinformada y manipulada. En regímenes abiertos y democráticos, quien actúa como presuntamente actuaron los encausados debería saber, y estar dispuesto a asumir, los costes que acarrea el descubrimiento de esos mismos hechos. (Por lo visto, los responsables de Interior nunca se enteraron de nada).

Ése es el precio de vivir en democracia, y no se puede uno hurtar a la Ley una vez descubiertos los hechos que uno mismo ha protagonizado (presuntamente). Lo contrario es postular que hay quien está por encima de la Ley, lo cual no debería ser cierto en democracia. También equivale a establecer que los objetivos políticos propios son un bien superior a la Ley y al cumplimiento de la Ley. Algo que, obviamente, no es cierto. ¿O alguien, en particular Rubalcaba, piensa que, bueno, a lo mejor, quién sabe…?