Sevilla
La falta de fondos desata la polémica por la restauración de Santa Catalina
De nuevo, con sus andamios en el interior, con las placas metálicas que protegen los retablos cerámicos y sin un futuro claro a la vista, la iglesia de Santa Catalina permanece varada en la calle Alhóndiga como un cetáceo cuya responsabilidad de salvar nadie sabe muy bien a quién corresponde. Esta semana, tanto el arzobispo, Juan José Asenjo, como el delegado provincial de Cultura, Bernardo Bueno, se lanzaron declaraciones sobre quién debe poner el dinero para la segunda fase de la restauración.
«No corre riesgos» fue la frase detonante del prelado sevillano para volver a encender las alarmas sobre la salud del entendimiento entre la Iglesia y las administraciones local y regional. Asenjo se refería a que, tras los trabajos de restauración de las cubiertas, el templo se alejaba de la posibilidad de desplomarse, que fue el motivo de su cierre al culto en el año 2004. Pese a que los techos ya no se van a caer, la Iglesia sevillana hacía un llamamiento a la Junta y al Ayuntamiento para que, «con buena voluntad», se afrontara la restauración del interior «con la colaboración de las tres instituciones que estaban previstas: Consejería de Cultura, Arzobispado de Sevilla y Ayuntamiento Hispalense», dijo Asenjo. La respuesta por parte de la Junta no se hizo esperar, pues Bueno recordó que ésta y el Consistorio han sido los únicos que han aportado fondos para los trabajos de rehabilitación. Fue más allá, y tras aseverar que «Santa Catalina está salvada» gracias a esta aportación, instó a la Iglesia a dar «el próximo paso» y a poner «el dinero que está establecido en el acuerdo».
Se refería a la aportación de 1.108.650 euros con los que se pudieron acometer los trabajos en las cubiertas en el año 2009. El presupuesto corrió a cargo, mayoritariamente, de la Gerencia de Urbanismo, que colaboró con 705.000 euros, y con otros 403.650 euros de la Consejería de Cultura. De ese dinero, el Arzobispado destinó a la intervención física 592.000 euros y se reservó el resto para la redacción del proyecto de rehabilitación integral del edificio, que está en manos del arquitecto Francisco Granero.
Con las últimas declaraciones de Asenjo y Bueno, parece que queda lejos la foto de la concordia entre las tres partes que protagonizaron el cardenal Amigo Vallejo, el ex alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el propio Bueno en diciembre de 2008. Sólo uno de ellos sigue en su cargo, pero entonces, el titular de la Archidiócesis calificó el acuerdo como un «auténtico regalo de Navidad» y recordó que el camino se había empezado varios años antes del cierre de la iglesia. En este contexto, cuando la crisis económica aún no había azotado las cuentas de las administraciones, se llegó incluso a afirmar que el Gobierno central aportaría una parte de la financiación. El delegado de Cultura reconoció que «ni la Junta ni el Ayuntamiento solos pueden abordar una rehabilitación tan importante como la que se requiere» y tasó el coste de la obra integral en más de diez millones.
Se quería así seguir el modelo utilizado en El Salvador, que permitió recuperar un enclave patrimonial y religioso fundamental para Sevilla, pero que contó con el crucial empuje de la sociedad civil. Repetir ese esquema, al que también apuntó Amigo Vallejo en 2007, supondría hacer frente a una inversión importante por parte de las tres administraciones implicadas. Así, para el Salvador se creó un Patronato, dirigido por el desaparecido Juan Garrido Mesa, el Ministerio de Cultura destinó cinco millones de euros y la Iglesia cuatro, mientras que el resto, hasta llegar a los doce finales, se los repartieron otras instituciones públicas y particulares. En este caso, la situación de Santa Catalina, una obra emblemática del mudéjar sevillano del siglo XIV que atesora verdaderas joyas del barroco, no ha contado con la respuesta popular esperada.
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