La Junta dio 43 millones en ayudas irregulares en época de Griñán

Sevilla- Daniel Alberto Rivera era la persona elegida por la Junta de Andalucía para poner orden en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Hombre de confianza del ex consejero de Empleo Manuel Recio, estaba en el cargo cuando trascendió el escándalo de los ERE –fue nombrado en abril de 2010 y ha estado en su puesto hasta el pasado 12 de junio–. Rivera, según la Administración andaluza, era el ejemplo de «colaboración» con la justicia. De hecho, la Junta le paga el abogado. A Rivera, la juez Mercedes Alaya le imputó ayer la comisión de cuatro delitos, todos ellos de forma continuada: prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos. La instructora, según la declaración de una ex asesora de la Consejería ante la Guardia Civil, considera que Rivera rehizo expedientes. Es más, según letrados presentes en la sala consultados por LA RAZÓN, le puso como ejemplo que tuvo que reclamar hasta tres veces los documentos de una ayuda concedida a la empresa Hijos de Andrés Molina en 1999.

Alaya le recordó que el fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2010, Rivera participó junto a otros colaboradores en una reunión secreta en la Consejería de Empleo para ver el estado de los expedientes tras conocerse públicamente la aparición de «intrusos» en el ERE de Mercasevilla. Se sacaron correos electrónicos y notas manuscritas, que el ex alto cargo considera que no forman parte de los expedientes y la magistrada sí.

La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla considera que el sucesor de Juan Márquez –que a su vez relevó a Francisco Javier Guerrero en el cargo– repartió 42.947.910,24 euros en ayudas de manera irregular. En su declaración posterior, Rivera se excusó diciendo que «no sabía» que el procedimiento era ilegal y que nadie en la Consejería de Empleo –ni los servicios jurídicos, ni la Intervención ni el secretario general técnico– se lo advirtió. Sí admitió que tenía en su poder un informe jurídico de Garrigues en la que le señalaba la ilegalidad de las ayudas, trabajo al que le restó trascendencia: «Es una opinión», dijo. Licenciado en Derecho, reconoció que el dinero salía de Empleo sin fiscalización previa, permanente ni control posterior.

Durante la jornada de ayer, su estrategia de defensa fue similar a la de Juan Márquez, que declaró la semana pasada y salió en libertad con cargos con una fianza por responsabilidad civil de 205 millones. Aseguró que él se limitaba a «firmar» las resoluciones que le trasladaban. Y tuvo algún roce con la juez: «Yo puedo tener responsabilidad política, pero no penal», esgrimió. Por la tarde, fue más tranquilo.

Antes, Rivera había recusado a Alaya por entender que no había tramitado el recurso que presentó contra su imputación. Otro bloque del reproche se centraba en que la juez había admitido documentación presentada por la ex asesora de Empleo María José Rofa supuestamente extraída de los expedientes –notas manuscritas y correos electrónicos que él mismo señaló después que consideraba que no formaban parte de los mismos–. La juez rechazó la recusación por «extemporánea» y advirtió de que las pruebas presentadas en su día por Rofa son «legítimas».

Hoy está previsto que termine sus preguntas Alaya e intervenga la Fiscalía Anticorrupción. El ex director general de Trabajo aseguró que presentará un informe de todas sus actuaciones desde noviembre de 2010, centrándose en los procesos de reintegros iniciados y que afectan, dijo, a más de 300 personas. Eso sí, no dará nombres, lo que provocó la indignación de la juez y la incredulidad de varios de los letrados personados que recuerdan que el caso está ya en fase penal y, por tanto, cualquier actuación administrativa está supeditada a ésta.

Chaves y Griñán se abonan al viernes de agosto para comparecer
sevilla- El lunes parecía que IU reculaba e iba a permitir la ampliación del plazo para que la comisión de investigación de los ERE hiciera su trabajo. Esa postura ha durado 48 horas. El tiempo suficiente para que una nueva reunión de trabajo en la Cámara andaluza aprobara con los votos de la coalición y del PSOE el nuevo calendario: los comparecientes acudirán del 21 al 31 de agosto. El orden de las personas que comparecerán es el mismo. Abrirá la ronda el 21 de agosto el ex diputado del socialista Ramón Díaz, el asesor de Empleo Antonio Diz-Lois y el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet. El 22, Ángel Rodríguez de la Borbolla, Antonio Rivas y Francisco Javier Guerrero; Juan Márquez, Daniel Rivera y Agustín Barberá, el 23; Justo Mañas, José Antonio Viera y Antonio Fernández, el 24; el 27, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Martín Soler; Antonio Ávila, Manuel Gómez y Magdalena Álvarez, el 28; el 29, Carmen Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías y Juan Ignacio Zoido; el 30, Javier Arenas y Eduardo Zaplana; y el viernes 31 de agosto –antes era el 2, también viernes–, cerrarán Manuel Chaves y José Antonio Griñán.