Impugnar Bildu todavía es posible

MADRID- Bildu aún no puede bajar la guardia. Hace cuatro años, en las anteriores elecciones municipales, la polémica decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar sus listas en contra del Tribunal Supremo le habría bastado para garantizar su presencia en las instituciones. Ahora, sin embargo, la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es una espada de Damocles que pende sobre la coalición que, según el Gobierno y la Fiscalía, es un instrumento de ETA/Batasuna. Y es que la resolución del TC no cierra la puerta a futuras impugnaciones, ya con la campaña electoral en marcha. Si la Abogacía del Estado o la Fiscalía tienen conocimiento de nuevos indicios «que impidan la presentación de candidaturas», podrían impugnar las listas bajo sospecha hasta el próximo jueves.

Entre esos nuevos indicios podría estar, incluso, el informe de la Guardia Civil que la Fiscalía aportó a última hora al Constitucional en sus alegaciones al recurso de Bildu, que desvelaba que los contactos electorales entre EA y ETA se remontan a febrero de 2009. La valoración de esa prueba estaba vedada a los magistrados del TC, que únicamente debían valorar si en su decisión el Supremo había vulnerado derechos fundamentales de los candidatos de la coalición (en este caso, el de acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad). Ese informe, por tanto, no ha sido tenido en cuenta ni por el Supremo (porque no lo conoció a tiempo) ni por el Constitucional (porque no es tribunal de casación que deba revisar la valoración de la prueba).

En caso de que la Abogacía o la Fiscalía General del Estado volvieran a la carga con las impugnaciones, el Tribunal Supremo tendría tiempo hasta el próximo domingo –una semana antes de las elecciones– para resolver. La última palabra, en todo caso, la tendrían de nuevo los magistrados del Constitucional, que dispondrían de cinco días más, hasta las 00:00 horas del próximo día 20 (comienzo de la jornada de reflexión previa a la cita con las urnas).

Pero incluso una vez celebrados los comicios, los cargos electos de Bildu podrían no tomar posesión de sus escaños si se demuestran vínculos con formaciones ilegalizadas.

Por último, «en cualquier momento del mandato» se les podría retirar el acta si su formación es ilegalizada (únicamente podrían conservarla con una declaración expresa de rechazo al motivo de la ilegalización) o si, por ejemplo, no se suman a la condena de un atentado terrorista.

El pasado viernes, el ex ministro de Justicia y actual eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar ya recordó que, gracias a la reforma de la normativa electoral, «ahora es posible sacarlos de las instituciones, incluso después de haber sido elegidos, porque se reformaron las leyes para conseguir ese objetivo», informa Ep.

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