Fin a las ayudas «indiscriminadas» a patronales y sindicatos

Valencia- El 70 por ciento de los recursos que la Generalitat transfiera a sindicatos y organizaciones empresariales, quedarán ligados a los resultados que se obtengan. El vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, no anduvo con rodeos y sentenció: «Se acabó la subvención indiscriminada. Ahora se concederán incentivos en función de los objetivos, como la creación de empleo», no por ser un sindicato o una patronal.
El año pasado las organizaciones sindicales y las empresariales recibieron 66 millones en concepto de subvenciones. 28,3 millones fueron a parar a los primeros y 38,1 a los segundos.

A partir de la aprobación de anunciada ley, prevista para el próximo año, habrá cuatro criterios básicos para conceder estas ayudas. El primero será el número de beneficiarios a los que se dirigen los cursos de formación, y de manera especial si los destinatarios son jóvenes y desempleados. El segundo, el desarrollo de actividades que fomenten la igualdad de género y la conciliación de la vida familiar y laborar. El tercero, si se impulsa la integración laboral de discapacitados o inmigrantes y, por último, si las actividades objeto de subvención generan empleo o nuevas empresas.

El Consell es consciente de que el anuncio de la aprobación de este anteproyecto de ley no ha caído bien entre los colectivos afectados. Entre otros motivos, porque el aumento del control sobre las ayudas y exigir la creación de empleo, implica una acusación directa de que hasta ahora no se conseguían los objetivos perseguidos. Por ello, el texto recibirá las aportaciones de los agentes implicados.

Quizás por este anuncio, el presidente de Cierval, José Vicente González, fue más prudente en sus valoraciones de la ley en público que lo que se ha dicho que ha sido en privado. Considera que hay que aclarar el hecho de ligar la subvención a la creación de empleo. «Si eso fuera así, tendrían que aplicárselo a la universidad, a las escuelas de FP y al Servef, que es el que tiene el trabajo de colocar a la gente».

Ajustes y deudas
No hay una reunión del pleno del Consell en la que no se hable de deuda, ajustes y déficit, y la de ayer no fue una excepción. El Gobierno central ha aprobado en dos semanas diferentes líneas de financiación para que Ayuntamientos y Autonomías paguen a sus proveedores. Para ayudar a estos acreedores a exigir su cobro, el Consell ha creado un apartado específico en su página web y en los próximos días funcionará un dispositivo de atención.

El Consell tiene de tiempo hasta el próximo 15 de abril para enviar al Gobierno central una relación certificada de sus deudas. El criterio de pago que prima es el antigüedad.
Otro de los acuerdos que tomó ayer el Consell, fue asumir la titularidad de parte de la deuda de 15 empresas públicas y fundaciones. El importe total asciende a 3.400 millones de euros, cantidad que no se corresponde con el de la deuda de las empresas. Císcar explicó que este paso es necesario para crear la corporación de empresas públicas y que permite refinanciarla con más facilidad.

500 millones de ajuste y sin copago
El vicepresidente Císcar aseguró ayer que el ajuste del déficit que tendrá que realizar el Consell para cumplir las exigencias del Gobierno central, puede superar los 500 millones. Es decir, esta cantidad hay que sumarla a los 1.050 millones ya previstos en el decreto de ajustes que se aprobó el pasado 5 de enero. Fabra aseguró el jueves que los valencianos serán «2.700 millones más pobres», pero afirmó que se cumplirá con las exigencias. Sin embargo, Císcar insistió en que no se subirá ningún impuesto y que si hay que aumentar los ingresos se hará con medidas de carácter sectorial, con la creación de nuevas tasas para cubrir los costes de determinados servicios.