Torrijos asegura que se guió por informes de «ilustrísimos técnicos»

El edil compareció, además de ante la magistrada, frente a una veintena de letrados, en representación de los numerosos encartados –16– en la causa. Sólo contestó a la juez, al fiscal y a su defensa. Según declaró Antonio Rodrigo Torrijos, la venta se basó en los informes del interventor, del secretario y de un técnico de Mercasa, apuntaron fuentes del caso. El edil electo habló de informes de «ilustrísimos y altos técnicos de alta capacidad intelectiva». La representante de la acusación particular que ejerce el PP –que pidió que consten en acta las preguntas que Torrijos rehusó responder– precisó que «sólo hubo un informe del Ayuntamiento y lo que se indicó es que no se hiciera una adjudicación directa».

El líder de IU defendió –en contra de la declaración de otros imputados– que no es «el autor ni el ideólogo» de la cláusula según la cual se penalizaron las ofertas que superaban la media de las propuestas. Torrijos recordó que tanto el pliego de condiciones como las cláusulas y el concurso fueron aprobados por los órganos de gestión: la comisión ejecutiva, el consejo de administración y la junta general de accionistas. El objetivo –dijo– era «no especular con el suelo ni con el interés económico», primando el beneficio general. Comentó que hasta el PP, ahora acusación, felicitó al equipo de Gobierno por la venta. Ante la posibilidad de que todas las partes hubieran acordado una venta «fraudulenta», Torrijos comentó que se trataría de un acuerdo «cuasimágico». «¿Cómo dijo?», preguntó Alaya. «Cuasimágico». «Habría que poner a una docena de personas de acuerdo y además en silencio». Al inicio de la sesión, su abogada, Encarnación Molino, protestó al entender que no se estaban reflejando en el acta con exactitud las respuestas.

Alaya insistió en cómo es posible que una entidad al borde de la quiebra optara por una oferta de 106 millones para la venta cuando había otra de 158 de Noga. Torrijos, que cuando se adjudicó el concurso, 2005, llevaba dos años como vicepresidente de Mercasevilla, aseguró, sereno y tranquilo toda la comparecencia, que «no conocía a fondo la crisis del Merca», apuntaron fuentes del caso. Añadió, según la declaración, que «existían informes que recogían que se podía salir de los datos económicos negativos», por lo que optaron por una oferta menor para evitar la especulación.

Torrijos negó que fuera «determinante en Mercasevilla y conocedor de todos los asuntos», ni «el que mandara». El encartado aseguró que «nunca estuvo a favor de la adjudicación directa» y «entre todos defendieron el concurso como fórmula más idónea», recogiendo «la concurrencia, legalidad, publicidad y transparencia». «El pliego se elaboró por personas de más alta cualificación», añadió. Indicó que «no podría afirmar» que «el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín», por Castaño, «que era persona de confianza, estaba enterado de la evolución del concurso».

El auto de imputación habla de una «responsabilidad y activa participación» de Torrijos «de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos» y de un concurso elaborado «a sabiendas», «predeterminado para que la oferta ganadora resultase ser la de Sanma», en contraprestación al contrato de derecho de superficie que libró a Mercasevilla de su responsabilidad previa con Larena y cuyo dinero salvó a la entidad de la quiebra. El objetivo era, según la juez, «eliminar los posibles competidores concertándose con ellos para que presentaran ofertas de relleno». Torrijos está acusado de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacciones ilegales de funcionarios públicos y de un delito societario.