Galicia

Murcia acata la «ley Aído» porque el CGPJ dice que no se supenderá

Terminó la insumisión. Al menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, declaró ayer que Murcia «se ve obligada a acatar la ley del aborto, con la que no está de acuerdo», una vez que se ha aclarado su duda sobre si la admisión a trámite del recurso presentado contra la norma pudiera suspender la aplicación de la misma.

El presidente murciano Ramón Luis Valcárcel
El presidente murciano Ramón Luis Valcárcellarazon

«Expuse una duda jurídica a la que ha dado respuesta la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, cuando ha aclarado que no cabe el efecto suspensivo de la ley desde el punto de vista jurídico». El presidente murciano agregó:«Yo siempre he acatado la ley». «Si no hay efectos suspensivos, hago lo que siempre he hecho: acatar todas las leyes. Unas me gustan mucho, otras me son indiferentes, otras me gustan menos», afirmó Ramón Luis Valcárcel, informa Ep. Las comunidades de Madrid, Murcia, Valencia, Galicia y Navarra se pronunciaron ayer al respecto. El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Manuel Cervera, aseguró por su parte que se «aplicó la ley desde el primer día» porque «es lo que toca», pero confió en que, finalmente, el TC suspenda el nuevo texto. Esta opinión era compartida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Su Gobierno «acata» la ley, aunque «no está en absoluto de acuerdo» con ella. Mientras, su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Las quetty, aclaró ayer que «Madrid no está alentando la objeción de conciencia por parte de los médicos». Desde Galicia, la Consejería de Sanidad afirma el Servicio de Salud «cumple desde el primer momento la ley».Precisamente, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, pedía ayer una «rectificación» a las comunidades de Murcia y Navarra para «dejar claro que la ley se va a cumplir». La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió afirmando que las regiones suplen «a marchas aceleradas» las «deficiencias» de una ley sobre la que tienen «poca información».