El «fondo de reptiles» puede ocasionar sanciones de la UE para España

SEVILLA- El sistema ideado por la Junta de Andalucía para burlar los controles administrativos puede acabar acarreando problemas para España como estado miembro de la Unión Europea. Eso es lo que vaticina la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, que en un auto de fecha 8 de febrero y notificado ayer a las partes, apunta que «como conclusión apriorística en la fase de instrucción que nos encontramos, las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía, no sólo podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad de tales ayudas por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sino que podría haber sido un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios».
Se trata de la segunda rama de la partida de los ERE, que no sólo servía para pagar prejubilaciones sino que también se utilizó para abonar ayudas discrecionales y directas a empresas, sin fiscalización previa ni posterior –así se crearon empresas «fantasma» como la del ex chófer del ex director general de trabajo, Francisco Javier Guerrero, que, según dijo, se gastó parte del dinero en fiestas y cocaína–.
La magistrada razona su sospecha ya que la Administración andaluza ha concedido «en su mayoría ayudas por encima del umbral de mínimos» –que marca la UE– y en segundo lugar, ha incumplido «las condiciones de publicidad e información para aquellas ayudas que superando la cuantía mínima podrían quedar exentas del requisito de comunicación y autorización previa, incumplimiento que podría generar responsabilidad para España como Estado miembro».
Alaya reclama al Ejecutivo de Griñán «las publicaciones de las ayudas directas a empresas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores las comunicaciones que haya podido recibir de la Junta de Andalucía sobre las ayudas directas exentas».
La instructora recuerda que el régimen comunitario obliga a una serie de trámites que no se respetaron con estas subvenciones.

Señala a Griñán
- Solicita detalle de las operaciones de endeudamiento superiores a 1,2 millones de IFA/IDEA y autorizaciones del Consejo de Gobierno o el consejero de Economía, cargo que ocupó Griñán entre 2004 y 2009.
- Reclama los informes de actuación de la Intervención General y, si no se hubieran realizado, los motivos por los que no se hicieron. Este es el argumento que ha esgrimido el presidente de la Junta para señalar que él nunca tuvo acceso a los avisos del órgano fiscalizador.