La ley de autónomos se aprobará cuando la crisis esté finalizando

Los datos así lo atestiguan. Andalucía cuenta en la actualidad con 471.288 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. En junio de 2008 alcanzó la cifra de 509.542 autónomos y la media de afiliación de ese año fue de 505.302. El saldo negativo es, por tanto, superior a los 30.000.

«Siempre nacen y mueren empresas. Hay una depuración empresarial presente» dijo el consejero de Empleo, Manuel Recio, sin valorar si la nueva ley ayudará a recuperar esta destrucción de empleo.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el anteproyecto de ley que será remitido al Parlamento para su debate. Compromiso del Estatuto de Autonomía, asumido por el ex presidente Chaves y por Griñán en su discurso de investidura, este anteproyecto ha sufrido un trámite bastante largo. Entre febrero de 2007 –fecha en la que se aprobó el Estatuto– y agosto de 2009 no se registraron avances. Fue el 24 de septiembre cuando el Parlamento aprobó una iniciativa del PSOE para constituir una Comisión de Expertos y una Comisión Técnica que elaborara el texto.

Dos meses más tarde –el 25 de noviembre–, el PP-A presentó directamente en la Cámara una ley del trabajo autónomo consensuada con las asociaciones empresariales representativas. El PSOE-A la rechazó.

Finalmente, en febrero de este año, el ex consejero Antonio Fernández presentó el borrador a la CEA, UGT-A y CC OO-A, que matizado por el nuevo equipo de la Consejería de Empleo inicia ahora su trámite parlamentario.

Recio adelantó que la ley no tendrá incluida una memoria económica, sino que se ajustará «año a año». Las ayudas seguirán el modelo de la actual Orden de Incentivos al sector, vigente desde el mes de mayo y que fija ayudas de entre 4.000 y 11.000 euros.

El texto –pionero entre las comunidades autónomas– incluye la elaboración de un plan estratégico consensuado con el sector. Cada cuatro años se realizará un diagnóstico y se evaluarán los resultados obtenidos. Serán los propios actores los que lo hagan, incluida la Junta de Andalucía, y no un organismo independiente dedicado a la evaluación de políticas públicas.

La creación de un mecanismo de arbitraje específico para los trabajadores por cuenta propia, adscrito al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos es otra de las novedades. También se creará un Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, en el que participarán las asociaciones inscritas previamente en un registro.

En cuanto a las políticas activas de empleo, el anteproyecto incluye incentivos al inicio de la actividad, exenciones fiscales y asesoramiento técnico.