Los 311 millones de Rubalcaba se quedan sólo en los 57 de Corredor

SEVILLA- El pasado día 13, el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, visitó como tal por primera vez Andalucía para resanar las diferencias entre la Administración central y la Junta en asuntos de vivienda y ultimar el traspaso de competencias en materia de litoral. Aquel acuerdo bilateral Junta-Estado sirvió para anunciar una dotación económica de 311 millones de euros que permitirían llevar a cabo 24.000 actuaciones en Viviendas de Protección Oficial (VPO), ayudas a inquilinos, rehabilitación, suelo y alquiler.
Tanto Rubalcaba como Griñán adelantaron que la rúbrica de este convenio se llevaría a cabo el 23 de diciembre en un encuentro mantenido entre la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, y la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor.
Sin embargo, en lugar de esa cifra, lo que ambas mandatarias firmaron ayer fue un compromiso de sólo 57 millones de euros para la rehabilitación o construcción de 6.374 viviendas y alojamientos protegidos en 34 municipios de la comunidad. Es decir, la última partida de esos 311 millones de euros, que tanto Rubalcaba como Griñán anunciaron a bombo y platillo como novedad y como fin del enfado por los recortes en VPO del pasado agosto. Por contra, ese pago fue acordado a lo largo del año «y en algunos casos no hizo ni siquiera falta firmar convenios», dijo Corredor. Un nuevo tropiezo para lograr los objetivos del Plan Concertado de Vivienda y Suelo, ya que esta aportación es insuficiente para alcanzar las 60.000 actuaciones previstas para el periodo 2011- 2012. Se desinfla así la burbuja de aire de la Junta a la VPO, ya que estas ayudas no son nuevas, están consignadas desde comienzos de año y se aplicarán hasta 2014.
Por su parte, fuentes de Fadeco, la patronal de la construcción andaluza, tras conocer los detalles de este convenio Junta-Estado, pidieron una reunión con la directora general de Vivienda de la Junta, Victoria Fernández, para saber «de manera formal el contenido completo del acuerdo y su relación con la modificación del Plan Estatal de Vivienda», a fin de «conocer la viabilidad del Plan Concertado de Vivienda y Suelo». Por su parte, desde el PP-A califican el pacto suscrito como «una operación de marketing» para tapar el «tortazo» que recibió Andalucía en el último Consejo de Ministros.