La Junta se salta el debate y duplica en 2010 el número de decretos-ley

SEVILLA- El decreto-ley más polémico ha sido el de la reordenación del sector público, por poner en jaque al Ejecutivo de Griñán tras producirse una oleada de manifestaciones de los funcionarios que aún no ha cesado. Sin embargo, ésta no es la única ley que el Gobierno andaluz ha querido sacar adelante a golpe de «decretazo» en esta legislatura. Muy al contrario, el uso de este cauce normativo recogido en el Estatuto de Autonomía de 2007 se ha convertido en una práctica habitual.
La estadística lo canta. En 2008 –tras las elecciones autonómicas de marzo– el Consejo de Gobierno dictó sólo dos decretos-ley, frente a los cinco proyectos de ley que fueron enviados a la Cámara; en 2009 el número ascendió a tres, frente a 9 proyectos de ley; y en 2010 la balanza se equilibra: seis decretos-ley y 7 proyectos de ley.
¿Cuáles son las principales consecuencias de esta deriva? En primer lugar, el abuso de un instrumento que, tal y como señala el articulado andaluz, está pensado para que el Consejo de Gobierno pueda dictar medidas legislativas «en caso de extraordinaria y urgente necesidad». Éstas, asimismo, «no podrán afectar a los derechos establecidos en el Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta». La Ley de Presupuestos tampoco podrá sacarse adelante en forma de decreto-ley.
La segunda consecuencia es el menoscabo de la dialéctica y discusión entre los grupos políticos representados en la Cámara andaluza; los decretos-ley minimizan el debate parlamentario.
Precisamente esto último es lo que trata de enmendar ahora el Ejecutivo andaluz al acceder a tramitar como proyecto de ley el decreto de noviembre de reordenación del sector público, con el objetivo principal de que los distintos partidos políticos puedan mostrar su opinión y proponer las enmiendas que consideren oportunas. El propio presidente de la Junta ha llegado a reconocer que uno de los fallos de su Ejecutivo ha sido el de no tramitar desde un principio a través de los cauces normales la reordenación del sector público.
Por otra parte, la crisis es uno de factores que está detrás de que se haya disparado el número de decretos-ley. De los aprobados este último año, además de los dos de reordenación del sector público, otros dos están relacionados con las medidas fiscales y tributarias puestas en marcha por la Junta para la reactivación económica. El quinto se activó para ampliar el programa de Transición al Empleo (Proteja) que ha quedado suspendido en 2011. Y el sexto, el decreto-ley 2/2010 del 28 de mayo, trasladaba a Andalucía la rebaja de las retribuciones de los empleados públicos anunciada a nivel nacional por Rodríguez Zapatero, otra de las medidas de mayor calado para hacer frente a la coyuntura económica.
2011 será otro año intensamente golpeado por la crisis y todo apunta a que de nuevo volverán a proliferar los decretos-ley. De entrada, el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, despidió el último Consejo de Gobierno del año, el del 28 de diciembre, asegurando que es «previsible» que la adaptación de la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía a la Ley Orgánica Reguladora de Cajas de Ahorro (Lorca) se haga mediante decreto-ley, ya que el Estatuto de Autonomía «lo permite».