Francia
Interior reprende a Carlos G por decir que el «chivatazo» fue «político»
El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández-Chico, remitió el pasado martes unas «precisiones» al informe que 24 horas antes presentó el equipo investigador del «caso Faisán», dirigido por el comisario Carlos G., en el que concluía que la «naturaleza del móvil» del «chivatazo» a ETA fue «política y se articula en el marco del proceso de negociación».
En el informe del DAO, del que dependen los integrantes del equipo investigador, se critica duramente algunas de las principales conclusiones del dictamen de Carlos G. Así, se considera que la «apreciación» de presentar a Enrique Pamíes, jefe superior de Policía del País Vasco, y al inspector José María Ballesteros como «autores inequívocos de los hechos» es algo que va «más allá de lo que debe constituir la praxis policial en supuestos de esta naturaleza». Sobre todo, afirma en este punto, cuando ninguno de los dos han sido «declarados judicialmente como tales». En cuanto a la consideración de que el «soplo» que evitó, en mayo de 2006, una operación contra el «aparato de extorsión» de ETA tuvo un «móvil político» y que se enmarcaba «en el marco del proceso de negociación», el informe de la Dirección de la Policía reprocha al equipo de Carlos G. que haga apreciaciones aventuradas y no sustentadas «en hechos concretos de la investigación».
Pero, el informe del DAO va más allá, al cuestionar que el «chivatazo» es la única tesis «inequívoca y exclusiva». Sostener tal criterio supone excluir cualquier otra, «sin que se hayan seguido líneas de investigación, como el análisis del tráfico de llamadas registradas en las redes telefónicas francesas». En la misma línea, expresa su desacuerdo con que la citada operación contra ETA no se llevó a cabo en Francia, entre otros motivos, por las «presiones» de algunos miembros de la Policía española. Para la dirección de la Policía es más cierto «que las autoridades francesas han puesto de manifiesto que el operativo no se realizó por la falta de algunos informes que ellas entendieron como necesarios». Junto a lo anterior, recuerda que Joseba Elosua no reconoció en la rueda de reconocimiento al inspector José María Ballesteros como la persona que le pasó el teléfono desde el que se le avisa de la operación antiterrorista.
El equipo de Carlos G. llega en su informe a siete «consecuencias» derivadas del soplo a ETA: la no detención de etarras, «apagón informativo», permitir que llegase a ETA dinero del pago de «impuestos revolucionarios», la no obtención de pruebas que corroborara la actividad delictiva de los detenidos ni se hallaron «los esperados y previsibles datos complementarios, referidos a listas y claves de extorsión», permitir que los etarras dispusieron de tiempo para ocultar «datos esenciales sobre la estructura, composición y responsables del «aparato de extorsión», y, por último, los autores de la filtración «permitieron a los miembros de ETA acceder a una información que, de otra forma, nunca hubieran podido conocer».
Información policial
La conclusión es que tuvo que ser «necesariamente» un policía quien alertase a Elosua, que fue lo que hizo que éste se desplazara a Francia para avisar al etarra Cau Aldanur de lo que iba a suceder.
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