El fantasma de ANV

Según el abogado del Estado, las pruebas –«básicamente conversaciones y documentos» de la banda– demuestran que las candidaturas están gestionadas, coordinadas y articuladas por el entorno terrorista y que, por tanto, «son sucesión del complejo ETA-Batasuna». Los servicios jurídicos del Estado recuerdan hechos clave como que la izquierda abertzale ilegalizada «ha concluido al menos tres acuerdos con Eusko Alkartasuna y Alternatiba para concurrir coaligadamente a las elecciones municipales y forales, repartiéndose los puestos electorales en función del respectivo peso electoral de los tres partidos, apareciendo los candidatos de Batasuna bajo la rúbrica de ‘independientes' pero representando exactamente, sobre todo en los puestos de previsible elección, el porcentaje de voto de ésta o de sus franquicias». Como hemos sostenido en estas páginas, Bildu es una obra de ETA. La decisión del Gobierno, sin embargo, siendo buena se queda corta , porque no era la única vía de actuación ni la más idónea. Desde el primer momento, entendimos que la mejor opción era actuar contra la marca y no sólo contra sus listas, porque esta estrategia tiene un recorrido más complejo por la presencia de partidos y candidatos «legales». El argumento del Gobierno de que la Ley no contempla ilegalizar coaliciones es discutible. Si Batasuna, un grupo ilegal, forma una coalición con un partido político legal, hablamos de un instrumento político contaminado y desvirtuado como opción democrática. Una posibilidad prevista en la Ley. El artículo12.1.b de la Ley de Partidos establece que «los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta. Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto». Merecía la pena haber explorado la alternativa de impugnar Bildu como una coalición fraudulenta. El lendakari López habló ayer de que la Justicia «tiene un papelón» para determinar la validez o no de las candidaturas proetarras. Todo un aviso. La posibilidad de que no se declaren nulas todas las listas nos situaría en el fracaso estrepitoso que supuso ANV en 2007 cuando se permitió a ETA captar poder municipal mediante una deplorable maniobra. Da la sensación de que se han hecho demasiados cálculos políticos y que el desenlace, con un Tribunal Supremo dividido ya con Sortu, es confuso. El Gobierno debió apostar por ilegalizar la coalición. La Ley de Partidos contiene suficientes argumentos para haber presentado un caso sólido. La democracia se juega mucho. Que ETA se cuele en las instituciones, que pueda gobernar en medio centenar de municipios y lograr, según las estimaciones, más de 800 concejales, sería un grave paso atrás y nos alejaría de la derrota del terrorismo.