Rajoy llevará al Tribunal de Cuentas la trama de los ERE fraudulentos

SEVILLA- Ante la inacción de la Fiscalía Anticorrupción y la negativa del PSOE andaluz a que se cree una comisión de investigación en la Cámara autonómica, el presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció ayer que su partido llevará la trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares al Tribunal de Cuentas.
El órgano fiscalizador tiene competencias para investigar el caso, ya que extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional –sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que las comunidades autónomas incluyan en sus Estatutos–. Entre sus atribuciones está el análisis de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas deja claro que le corresponde «la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidas por personas físicas o jurídicas».
El origen de la trama de los ERE falsos está en Mercasevilla, sociedad anónima mercantil propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y de la empresa nacional Mercasa. Hasta la fecha se han constatado hasta 39 intrusos en ERE de empresas como SOS Cuétara, Cash Lepe, Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer, Arteferro y Germans. Todos han contando con la financiación pública de la Junta de Andalucía, que ha utilizado dos entes instrumentales adscritos a la Consejería de Empleo –el IFA y la Agencia IDEA– para abonar las pólizas de seguro que suscribían los trabajadores afectados –dinero que recibían mensualmente hasta su jubilación–.
El Tribunal de Cuentas tendrá que desbrozar la compleja red burocrática tejida por el Gobierno andaluz y aclarar las posibles irregularidades cometidas en la gestión de unos fondos que entre 2001 y 2009 alcanzaron los 647 millones de euros.
Rajoy, que visitó varias cooperativas agrícolas en las provincias de Sevilla y Córdoba, aseguró que este asunto es una «falta de respeto descomunal a todos los andaluces que pagan sus impuestos y que quieren que las políticas de empleo sean para eso y no para que se aprovechen algunos con la connivencia del Gobierno».
El problema del Tribunal de Cuentas es que los plazos de sus conclusiones se dilatan mucho en el tiempo, como ha reconocido en varias ocasiones su presidente, Manuel Núñez Pérez. Las mismas circunstancias ocurren en la Cámara de Cuentas de Andalucía –que también estudiará este asunto–, ya que tarda un mínimo de dos años de media en evacuar sus informes.
 Por ese motivo, la ofensiva del PP se complementará con la actividad política tanto en las Cortes Generales como en el Parlamento de Andalucía. El Grupo Popular formulará un total de cuatro preguntas en las sesiones de control del Congreso y del Senado a los ministros de Política Territorial, Economía y Trabajo, Manuel Chaves, Elena Salgado y Valeriano Gómez, respectivamente.
En la Cámara autonómica, el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció que dedicarán todas sus interpelaciones, mociones y proposiciones no de ley a este tema para convertir los plenos en «gran comisión de investigación».
Mientras, «la número dos» del PSOE-A, Susana Díaz, anunció que estudian la presentación de una querella contra el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, si no rectifica «de manera urgente e inmediata», tras haber acusado éste al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de estar «implicado personalmente» en el «escándalo».
Por su parte, el coordinador de IULV-CA, Diego Valderas, consideró que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, perdió la oportunidad de demostrar «que no tenía nada que temer» y consideró que cometió «un grave error» al negarle la legitimidad al Parlamento para investigar «uno de los casos de corrupción más graves». IULV-CA va a solicitar que la Cámara de Cuentas realice una auditoría de la gestión de la Consejería de Empleo durante los últimos diez años y que cuente con un «presupuesto especial» para que el trabajo «no se eternice».

La fragilidad de memoria de Pizarro
El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, justificó la negativa del PSOE a que el Parlamento investigue la trama de los ERE con una crítica al PP: «No ha habido ni un solo presidente de ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP que haya aceptado ninguna comisión de investigación», dijo. El consejero obvió que la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre permitió en febrero de 2009 una comisión en la Asamblea para aclarar la presunta trama de espionaje en la región.