Los olvidados del maltrato

Madrid- Desde la aprobación de la ley de violencia de género se ha intentado acabar con la desigualdad que provoca el maltrato. En este tiempo, han muerto más de 600 mujeres, 2,1 millones han sido víctimas de maltrato alguna vez en su vida, han presentado más de medio millón de denuncias, han abierto 106 juzgados especializados y 358 compatibles, han puesto a disposición de los jueces 3.000 dispositivos GPS, 95.000 mujeres viven protegidas por los más de 2.000 agentes destinados contra la violencia machista, el teléfono 016 ha recibido 270.000 llamadas, han puesto en marcha numerosas campañas de sensibilización... En cambio, los menores hijos de víctimas de maltrato siguen desprotegidos. Según la macroencuesta de la Secretaría de Estado de Igualdad hecha pública el pasado mes de diciembre, un millón y medio de mujeres han logrado salir de la espiral de violencia. ¿Y sus hijos? Ésa es otra cuestión. El sondeo reflejaba que 800.000 menores han vivido episodios de violencia en sus hogares en el último año. Precisamente, la última víctima de violencia machista de nuestro país, con dos hijos de 3 y 7 años, moría el pasado sábado a manos de su marido en Santa Coloma de Queralt (Tarragona). Tras el crimen, el hombre llevó a los menores a la casa de sus padres en Sabadell (Barcelona). El presunto asesino se suicidó ayer tras tirarse por el hueco de la escalera de su domicilio mientras estaba siendo custodiado por la Policía.

Un informe de la Universidad Complutense alertaba de que uno de cada tres adolescentes es un potencial maltratador y que la prevención en la escuela funciona. ¿Es suficiente? Ha quedado comprobado que no. Los protocolos de actuación no establecen atención para los niños que presencian la violencia machista en sus hogares, y varios estudios coinciden en las terribles consecuencias que esto conlleva. Save The Children señalaba en un informe los problemas de socialización (aislamiento, inseguridad o agresividad), de integración en la escuela, estrés postraumático, conductas regresivas, alteraciones en el desarrollo afectivo e incluso el suicidio.

Para evitar esta situaciones, algunas comunidades como Andalucía o Castilla y León han puesto en marcha iniciativas para cubrir las deficiencias en este sentido. La asociación Amuvi gestiona el servicio en Andalucía a menores de 6 a 17 años. Una de sus psicólogas, Laura Ocaña, señala que se les ofrece tratamiento psicológico durante seis meses y dos más de seguimiento si se necesita más tiempo. «El objetivo es recuperar la autoridad perdida de la madre a través del sentido del humor, el diálogo y los cuentos, en el caso de los mayores; los juegos es la forma de volver a socializar a los más pequeños. En todas las edades tienen problemas para recuperarse, aunque los mayores tienen más reparos a la hora de hablar con los psicólogos».

Esta realidad preocupa mucho a las asociaciones de mujeres. Ana María del Campo, presidenta de la asociación de mujeres separadas y divorciadas, lamenta esta situación: «Son las víctimas más indefensas y el maltrato marca el futuro de sus vidas. Las posibilidades de repetir el cuadro de sumisión o violencia en el futuro son incontestables». Una de las claves, según del Campo, es la patria potestad. «Cuando se produce una denuncia, no se retira la patria potestad al maltratador, lo que imposibilita el tratamiento de los menores que exige una autorización de sus dos progenitores. Habría que dejarla en suspenso y elaborar programas de intervención para este colectivo».

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, aboga por revisar el funcionamiento de los juzgados. «Hay que establecer los mecanismos para conocer qué pasa, qué problemas hay y en qué parte del itinerario se producen. El caballo de batalla sigue siendo la coordinación de todas las partes».

Previsión equivocada
Soleto señaló que «uno de los objetivos para esta legislatura debe ser la puesta en marcha de protocolos de atención de los menores que viven el maltrato en sus hogares, destinar una mayor dotación económica y fortalecer recursoss. La ley de violencia de género está muy bien, pero tiene problemas por una mala previsión inicial. Se ha quintuplicado el número de casos y eso ha generado problemas».

La postura del Gobierno no está definida todavía. Durante la pasada legislatura, el PP reclamó la inclusión de los menores y ancianos en la ley. También se habló de reformar la norma para que sea retroactiva y evite que los maltratadores cobren la pensión de la mujer a la que han asesinado. Hasta ahora, lo único que ha trascendido es que la violencia de género es la «prioridad de las prioridades» para la ministra de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad Ana Mato, que ha manifestado su intención de llevar a cabo una política de «tolerancia cero» con la violencia en el entorno familiar, que supondrá «hacer las reformas legales necesarias, desde el consenso, para mejorar las medidas de protección y evitar más asesinatos».

El peor arranque de año posible
El año ha empezado de la peor manera posible en relación a la violencia de género. Seis asesinatos machistas en sólo 22 días han convertido el arranque de 2012 en el peor desde 2006, cuando también hubo seis muertes. No obstante, 2011 concluyó con 61 crímenes de este tipo, 12 menos que el año anterior. El dato más preocupante sigue siendo el bajo índice de víctimas (26, 2%) que denunciaron su situación en los juzgados, de las que el 13,1% tenían orden de protección en vigor.

Ninguna víctima mortal había denunciado
La delegada del Gobierno para la violencia de género, Blanca Hernández ha iniciado una ronda de contactos con las asociaciones de mujeres y ha mostrado su disposición a actuar de forma rápida para atajar los problemas. En lo que va de año, han perdido la vida seis mujeres y ninguna había denunciado. Hay que acabar con la desconfianza en la justicia, provocada por las disfunciones y la falta de eficacia de algunas de las medidas puestas en marcha. Así, para la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, el reto es «avanzar hacia la comarcalización de los partidos judiciales. Estamos ante un diseño anticuado y no puede haber personal especializado en todos los juzgados. Hay que examinar los protocolos establecidos para las mujeres y sus hijos, comprobar que se están cumpliendo y si no, establecer nuevos mecanismos». Marisa Soleto, de Fundación Mujeres, insiste en la necesaria mejora de la respuesta judicial que, en opinión de la Asociación de Familias Víctimas de Violencia de Género, provoca miedo en las mujeres maltratadas, que han tenido que dejar sus lugares de residencia e independizarse económicamente y temen que los servicios sociales les retiren la custodia de sus hijos debido a la precariedad de su situación. Por ello, reclaman que las medidas económicas, de acceso al trabajo y a la vivienda sean más efectivas. Rocío Nieto, de Apramp, recuerda que «uno de los objetivos debe ser acabar con los anuncios de contactos y fortalecer los mecanismos contra la trata de personas, el segundo negocio delictivo más rentable del mundo».