El «fiscal» del Tribunal Europeo avala la ley urbanística valenciana

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE)- una figura que podría equiparse al fiscal general español-Niilo Jääskinen, emitió ayer un informe en el que recomienda desestimar el recurso interpuesto por la Comisión Europea (CE) contra la legislación urbanística de la Comunitat Valenciana.

Las conclusiones que realiza dan la razón a todos y cada uno de los argumentos esgrimidos durante los últimos cinco años por la Generalitat. Reconoce que la figura de los Programa de Actuación Integrada (PAI) es legal y que no tiene que verse sometida a la ley de contratación pública europea. Admite que esta figura es una manera óptima para «superar el estancamiento urbanístico». Además, incide en que la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico son materias que «pertenecen en lo fundamental a la competencia de los Estados miembros» y afirma que son los propietarios los que tienen que hacerse cargo con los costos de urbanización, materia que suscitó la gran mayoría de las 15.000 quejas que se recogió el Comité de Peticiones.

El vicepresidente tercero del Gobierno y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, confía en que este informe cierre por fin los conflictos que desde hace más de cinco años enfrentan a la Generalitat y a la Comisión Europea en materia urbanística. El secretario autonómico de relaciones con el Estado y la Unión Europea, Rafael Ripoll, dijo que en la gran mayoría de los casos, la sala del Tribunal Europeo acata lo que dice el abogado general.

El conflicto se inició a raíz de la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), norma que el entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco, se encargó de cambiar por la Ley Urbanística Valenciana (LUV). En estos momentos, la Generalitat tiene pendiente aprobar un nuevo paquete legislativo que, ahora así, elimina la figura de los PAI.

Tanto Cotino como Blasco coincidieron en que los socialistas han estado apoyando estas campañas sin tener en cuenta que ponían en peligro la llegada de inversores y por tanto, puestos de trabajos.

La Federación de Promotores dijo que este informe no repone el daño que se ha hecho de manera injustificada al sector.