El Govern amenaza a Rajoy con una consulta si no negocia el pacto fiscal

BARCELONA- El Gobierno de Cataluña piensa jugar fuerte la partida del pacto fiscal. Artur Mas se siente reforzado por los últimos resultados electorales –CiU ganó las últimas generales en Cataluña logrando su tercera victoria consecutiva (después de las autonómicas y de las municipales)– y no piensa conformarse con una negativa por parte del futuro gobierno de Mariano Rajoy con el pretexto de que lo prioritario es la recuperación económica. Mas está dispuesto, si es necesario, a agitar a los catalanes a través de una consulta popular para usar esta votación como elemento de presión contra el Gobierno.

«Parece que el PP quiere olvidarse del pacto fiscal, quieren dejarlo para no sé cuándo. Si esto sucede, nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados. El Gobierno de Cataluña liderará la reivindicación convocando una consulta popular», advirtió ayer el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, durante una entrevista en TV3.

El plan B
La primera idea de Mas es sondear directamente a Rajoy sobre su predisposición para negociar una nueva financiación de la Generalitat que ponga fin al «injusto» déficit fiscal que sufre Cataluña. En el caso de comprobar que no hay voluntad, el Govern activará el plan B: buscar el clamor popular.

De hecho, la Generalitat ultima un proyecto de ley de consultas populares para dar cobertura legal a este plebiscito que, en todo caso, no sería vinculante y tampoco tendría categoría de referéndum porque éste precisa la autorización del Estado.

La Generalitat prevé tener a punto este proyecto dentro de pocas semanas, antes de finalizar el año. Su importancia no es menor porque ERC, el gran aliado de CiU para reclamar el pacto fiscal en la línea del sistema vasco, exige su uso inminente. La estrategia de los republicanos es inversa a la de CiU, ya que no quieren esperar a que el Gobierno de portazo a la reivindicación catalana, sino que abogan por usar la fuerza de la consulta popular como ariete para derribar la resistencia de Madrid. De hecho, ERC puso ayer este precio para apoyar los presupuestos de 2012.

La consulta popular es el gran as en la manga que guarda Mas, pero todavía queda por definir la actuación del grupo de CiU en el Congreso. Ayer, el líder de los nacionalistas catalanes en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, dejó en manos del presidente de la Generalitat la decisión de convocar una consulta y se centró en explicar su estrategia en Madrid , que consiste en impulsar una serie de reformas en las Cortes, pese a ser consciente de que el PP tiene mayoría absoluta.

Entre los proyectos que piensa propulsar está el de una ley que limite el déficit fiscal de las comunidades autónomas a un máximo aproximado del 4 por ciento de su PIB, justamente el porcentaje que reclama Cataluña. Duran confía en que este proyecto atraiga a otras comunidades que también se verían beneficiadas porque reciben del Estado bastante menos de lo que aportan (Islas Baleares, por ejemplo).

Las otras reformas legales que propugna CiU afectan a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para incluir una cláusula de excepción que saque a Cataluña del «café para todos» y una ley de cesión de tributos que permita a la Generalitat recaudar todos los impuestos.

El líder de CiU en el Congreso es partidario de agotar las posibilidades de entendimiento con el futuro gobierno de Rajoy antes de dar pie a una consulta popular. Confía en que sus razones pueden ser atendidas y, sobre todo, confía en que el PP busque la ayuda de CiU contra la crisis.

PP Y PSC NO APOYAN LA LLAMADA A LAS URNAS
La presidenta del PP de Cataluña, Alícia Sánchez-Camacho, pidió «máxima prudencia» al portavoz del Govern, Francesc Homs, después de que este haya amenazado al futuro presidente Mariano Rajoy con una consulta popular sobre el pacto fiscal si se niega a negociarlo. «Lo que haría falta es la máxima prudencia, tranquilidad y serenidad. Esto no toca ahora de ninguna de las maneras, el modelo de financiación se revisará en 2013, la prioridad común hasta entonces en toda España es un pacto para la recuperación de la economía», Sánchez-Camacho. También el PSC e ICV se desmarcaron de la conveniencia de realizar en breve una consulta sobre el pacto fiscal.