Unión bancaria para Año Nuevo por Michel Barnier

Cinco años después del estallido de la crisis financiera, la situación económica y política de Europa aún es frágil. Para este año se prevé una recesión leve, y el desempleo está en alza. No sólo tenemos que reducir el déficit, sino también implementar un plan europeo de inversión por 120.000 millones de euros y fortalecer el Mercado Común Europeo para liberar todo su potencial de crecimiento. Pero Europa también necesita otras medidas estructurales. La Unión Europea debe cortar el círculo vicioso que se ha formado entre cada uno de los estados miembros y los respectivos sistemas bancarios nacionales. Entre 2008 y 2011, los contribuyentes de la UE entregaron a los bancos 4,5 billones de euros en préstamos y garantías. En algunos países, la amenaza de que los bancos se debieran recapitalizar con fondos públicos provocó la pérdida de confianza de los mercados y un enorme aumento de los tipos de interés. El Banco Central Europeo (BCE) ha tomado medidas decididas para romper este círculo vicioso; además, se ha llegado a un consenso respecto de que los 17 países de la eurozona necesitan complementar la moneda común con una unión bancaria. La Comisión Europea ha propuesto aplicar una normativa única para las exigencias de capital que se aplican a los bancos; que los esquemas nacionales de garantías de depósitos se respalden mutuamente; y definir normas únicas de resolución de quiebras bancarias para toda Europa, para que sean los accionistas y los acreedores, en vez de los contribuyentes, los que asuman la mayor parte de las pérdidas. El 29 de junio, los jefes de Estado y de gobierno europeos se comprometieron a crear una autoridad única para la supervisión de todos los bancos de la eurozona. Esto es un gran avance, tanto para la estabilidad financiera como para las finanzas públicas, ya que la puesta en funcionamiento de dicha autoridad aportará credibilidad e imparcialidad a la supervisión bancaria. La Comisión Europea también elaboró una serie de propuestas legislativas para el desarrollo del mecanismo supervisor único y la transferencia de funciones de supervisión fundamentales al BCE.
Sin embargo, hay algunas cuestiones que aún resta definir mejor:
–El alcance del nuevo mecanismo de supervisión. Algunos estados miembros son partidarios de que la autoridad paneuropea sólo se encargue de supervisar a los bancos con importancia sistémica. La Comisión, por otra parte, considera que su ámbito debería incluir a los 6.000 bancos de la eurozona. Después de todo, es imposible definir cuándo un banco tiene «importancia sistémica». Los casos de Northern Rock, Dexia y Bankia nos enseñan que también la quiebra de bancos pequeños y medianos puede poner en riesgo a todo el sistema financiero. Y tener dos mecanismos de supervisión separados para bancos que operan en un mismo mercado sería inestable.
–La participación de países ajenos a la eurozona en el nuevo esquema de supervisión. La propuesta de la Comisión confiere al BCE poderes de supervisión sobre todos los bancos de la eurozona y prevé que los países que no utilizan la moneda común puedan, si lo desean, unirse al sistema. Pero por los tratados de la Unión, darles a estos países pleno poder de voto no es sencillo. Yo no veo ningún problema político en darles plena participación en el proceso de toma de decisiones de la autoridad supervisora europea, pero será necesario apelar a la creatividad para hallar una solución adecuada.
–El papel de las autoridades supervisoras nacionales en el nuevo sistema. Es evidente que la propuesta del Consejo Europeo, con su transferencia de poderes al BCE, constituye un cambio de paradigma. Pero las autoridades de supervisión nacionales serán miembros de la nueva junta encargada de tomar las decisiones fundamentales y ayudarán a prepararlas e implementarlas. Las negociaciones todavía no han terminado y todavía se pueden definir mejor las funciones de cada nivel de supervisión (el nacional y el europeo), pero es importante que la autoridad final la tenga siempre el BCE.
–Qué pasa con los países que no usan el euro y no quieren unirse al mecanismo de supervisión único. Hay países que han puesto reparos a la transferencia de poderes al BCE, en particular, al poder de voto otorgado al BCE dentro de la Autoridad Bancaria Europea, que sigue a cargo de desarrollar una normativa única para los 27 países del mercado común de la UE y de mejorar la convergencia de las actividades de supervisión. Es preciso encontrar un modo para que los países que no pertenecen a la eurozona no pierdan su influencia dentro de la Autoridad Bancaria Europea.
–Mecanismos democráticos de rendición de cuentas para los nuevos poderes del BCE. Es evidente que esta transferencia de funciones al BCE no debe menoscabar en nada la independencia de su política monetaria. Se plantea entonces un problema fundamental: aparte de otorgar un papel importante al Parlamento Europeo, cómo hacer para que los parlamentos nacionales puedan influir en las decisiones de la autoridad supervisora.
–El cronograma de implementación. Algunos países de la UE consideran que la propuesta de la Comisión es demasiado ambiciosa para ponerla en marcha a inicios de 2013. Pero contar con una autoridad única de supervisión bancaria es un prerrequisito para la recapitalización directa de los bancos por parte del MEE. Y sólo con dicha recapitalización y con una supervisión unificada y eficaz, Europa estará en condiciones de romper el círculo vicioso que se ha formado entre los problemas contables de los bancos y las deudas soberanas, para poder luego resolver la crisis de la eurozona.
La entrada en funciones de la nueva autoridad en enero de 2013 pondrá bajo la órbita de supervisión del BCE solamente a los bancos que ya han recibido o solicitado financiación pública. Los bancos de alta importancia sistémica no incluidos en el punto anterior se sumarán en julio de 2013 y los demás, a inicios de 2014. En un proyecto donde hay tanto en juego, es normal que las discusiones sean intensas. Países como Alemania, Finlandia y los Países Bajos no se equivocan al advertir de que no se puede poner en riesgo la calidad de la nueva estructura de supervisión por querer implementarla lo antes posible. Pero los países de la UE deben respetar el compromiso de junio y no demorar un acuerdo que permita la puesta en marcha gradual del nuevo sistema en enero de 2013.
 

Michel Barnier
Comisario europeo de Mercado Interior y Servicios