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JUAN CARLOS CAMPO / SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA

«No soy partidario de la cadena perpetua revisable»

«Hay decisión política de que la investigación penal pase al fiscal»

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Madrid.

Tiempo de lectura 8 min.

22 de noviembre de 2010. 00:17h

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Madrid. 22/11/2010

- El panorama de la Justicia, ¿es tan sombrío como lo pinta gran parte de los ciudadanos?, ¿qué nota le pondría?
–No es tan sombrío. Estamos en un momento de enorme ilusión, y, con el esfuerzo de todos, estamos caminando hacia una Justicia, por primera vez en la historia,  ágil, moderna y eficaz. En cuanto a la nota, preferiría decir que progresa adecuadamente.

–La familia de la joven Marta del Castilla ha presentado 1,6 millones de firmas a  favor de la cadena perpetua revisable. ¿Considera positivo abrir ese debate?
–Lo primero es un enorme respeto por las víctimas. Creo que hay que poner el acento, la atención y el sentimiento sobre ellas. Pero los designios de la política criminal son diferentes. La Constitución de 1978 estableció para todos los españoles un marco jurídico y unos principios de política criminal amplios, pero marcados. Y  su artículo 25  establece que las penas deben ir orientadas a la resocialización del delincuente. Es mucho más importante hablar de un sistema rígido, coherente, proporcional, que nos permita diferenciar los distintos supuestos.

–Deduzco entonces que no es partidario de esa figura.
–No, en absoluto. Creo que nuestro sistema ya es lo suficientemente duro, basado en esta proporcionalidad, cuando, además,  contamos con un cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, y que, además, en algunos casos, el establecimiento de las penas, una vez adquirida su firmeza, llevaría a unos resultados de mayor duración de condena que esa figura de la cadena perpetua revisable, que, por otra parte, no tiene tradición ninguna en nuestro Derecho.

–¿Qué papel juega la nueva Oficina Judicial en el  Plan de Modernización de la Justicia?
–Es un salto tremendamente cualitativo, acorde al cambio de nuestra sociedad, y que permite que con profesionales preparados, con nuevas técnicas de trabajo acordes con los tiempos podamos dar a nuestros procedimientos judiciales una agilidad y una seguridad de la que, hasta ahora, no hemos disfrutado.

–¿Está previsto modificar el sistema de acceso a la judicatura?
–No está en nuestras actuaciones del Plan Estratégico tal cuestión, lo que no quiere decir que esté cerrado a iniciativas como las que se están siguiendo en estos momentos en el CGPJ, en orden a permitir que el acceso a la Carrera tenga matices diferentes a los que tiene. Pero es un impulso que está llevando el CGPJ y del que formamos parte en esos grupos de trabajo.

–El retraso en las renovaciones del CGPJ y, ahora, del TC,  ¿No da una cierta imagen de politización de ambos órganos?
–Lo que refleja no es una imagen de politización, sino un funcionamiento anormal de lo que deben ser las renovaciones de los órganos constitucionales.

–Más de 1.500 jueces han suscrito el manifiesto «por la despolitización de la Justicia». ¿Qué reflexión le merece?
–Respeto y análisis, lo que no quiere decir que comparta muchas de las cuestiones que se vierten allí. Creo que nuestra Justicia, en lo que es el acto cotidiano, no está en absoluto politizada. Tenemos que creer en nuestro órgano constitucional de gobierno –el CGPJ–  y no atacar a un órgano que fue una gran conquista de la democracia y que nos permite fortalecer la independencia del Poder Judicial.

–Los jueces se quejan de que cobran menos y cada vez tienen más  trabajo. ¿Tienen motivos?
–Lo que creo es que la rebaja de sueldo no es un atentado a la independencia judicial. Es cierto que la laboriosidad de nuestros jueces está fuera de toda duda, pero como ciudadanos que están dentro de la función pública han tenido que soportar el recorte que todos los funcionarios hemos sufrido. Pero estoy seguro de que saben entenderlo, en aras a ese sacrificio común que supone salir de una crisis.

–¿Habrá  consejos de Justicia autonómicos en esta legislatura?
–Es una cuestión que está en debate y que, ahora o cuando sea, tendrá que debatirse porque no supondrá sino dar cumplimiento a los estatutos de autonomía de nuevo cuño –Andalucía, Cataluña o Valencia– y a los que han sido renovados, porque todos contemplan un órgano similar, que viene en cierta medida a incardinarse en la estructura autonómica del Estado, aunque, evidentemente, siempre dependerían del CGPJ.

–¿Existe una decisión, una voluntad política, de que la investigación pase a manos del fiscal?
–Sí, como en la mayoría de los países de nuestro entorno. Estoy seguro de que será menos polémico de lo que nos creemos. El papel del juez es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, garantizar los derechos de los ciudadanos y, por tanto, tenemos que acomodar nuestras leyes procesales para que esos mandatos constitucionales tengan también una realidad procesal.

–Con la actual configuración del Ministerio Fiscal, ¿no puede afectar a la independencia a la hora de investigar?

–En mi opinión, absolutamente nada. Sus principios de actuación, conforme a la última reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, permiten garantizar unos promotores de la acción de la Justicia con plena garantía de éxito. Y, en todo caso, la última garantía de los derechos de los ciudadanos está en los jueces.

– ¿Qué piensa de que un juez como Garzón  tenga ya dos imputaciones concretas?

–Es un tema que se ve con preocupación, pero con absoluto respeto a la presunción de inocencia, y, por supuesto, absoluto respeto a la actuación de los tribunales.

–¿Es optimista respecto al fin de ETA?

–Estoy convencido de que el Estado de Derecho, con todos sus instrumentos legales, vencerá a esa lacra. 

–¿Qué papel podría jugar la Justicia en ese hipotético final?
–La Justicia lo que tiene que hace es lo que constitucionalmente se le encomienda: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Hay que distinguir entre los tiempos de la política y los de la Justicia. La política puede moverse en los ámbitos de la oportunidad, pero la Justicia debe moverse sólo en los campos estrictos de la legalidad. Nuestros tribunales aplicarán la ley en los términos que el ordenamiento jurídico exija.


Del CGPJ al Gobierno
- Juan Carlos Campo  (Osuna –Sevilla–, 1961) tiene ya experiencia «de despachos». Magistrado desde 1987, tuvo su último destino en la Audiencia Provincial de Cádiz. Entre 1997 y 2001 fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía. En 2001 fue designado vocal del CGPJ a propuesta del PSOE, donde permaneció hasta 2009. Regresó a la Audiencia de Cádiz hasta que, en febrero de este año, fue reclamado por el ministro Caamaño. Ahora es el numero 2 de Justicia. Se nota el feeling que tiene con su jefe, al que se refiere como «un trabajador incansable que busca y suele encontrar espacios comunes con los diferentes».

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