Arizona: Zona Cero

Tres coches de Policía custodian la zona acordonada. También hay un automóvil negro del FBI. Esta agencia participa en la investigación porque un juez federal, John M Roll –amigo de la congresista–, ha sido una de las seis personas que ha muerto en la tragedia.

Un agente nos impide el paso al supermercado. Como cualquier policía que custodia una zona solitaria por la noche, tiene cara de pocos amigos. Sus ojos azules brillan en la noche de Tucson. Y su pelo rubio corto reluce bajo la luz amarilla de las farolas. No se oye nada. Parece que ni siquiera los grillos o luciérnagas quieren estar ahora por la zona. Acaban de llegar Josué Powell, de 21 años, y Celeste Carrillo, de 20 años, al restaurante La Salsa, una cadena de comida rápida mexicana. Piden tacos con arroz y queso para llevar. Les atiende Sibia Maurita, de 24 años, que no ve la hora de recoger para marcharse a casa. «Sólo cerramos el día del tiroteo. Los demás hemos abierto. Pero ya me quiero ir. Tengo miedo», confiesa la joven.

Todo está vacío en el centro de tiendas donde se encuentra el supermercado. La de teléfonos móviles de «Sprint», la de antigüedades o la floristería «Casas Adobes». Nadie ha ido a comprar ni rosas, ni margaritas en los últimos días. Sara Horton explica que «sí ha habido algunos que han llamado por teléfono» para mandarlas al Centro Médico de la Universidad, donde se encuentra la congresista Gabrielle Giffords. Desde el sábado, sus vecinos han depositado flores, velas y mensajes con deseos de su pronta recuperación. Rose Marie Marciels, de 57 años, apenas puede contener las lágrimas mientras mira al improvisado monumento del césped de la entrada del hospital, donde está la congresista.

Con una mochila negra
«Me siento como cuando el 11 de septiembre. Es algo personal. Creo que con toda la atmósfera política asquerosa se ha provocado todo esto», dice Marciels. Un hombre con traje, que va a casa después del trabajo, ha decido parar un momento en el hospital. Tiene la mirada perdida mientras contempla el infinito. Prefiere no hablar. A su lado, el estudiante Richard Bake, de 19 años, está en silencio frente a las velas con la virgen de Guadalupe depositadas en el suelo. «Me enteré de lo ocurrido cuando venía de Denver (Nevada). Soy novato en la universidad (es su primer año). Y esta semana se han reanudado las clases después de las vacaciones de invierno», explica el joven, que prefiere comparar lo sucedido con la matanza de Columbine. En este pueblo de Colorado, dos estudiantes mataron a doce compañeros y un profesor en 1999.

Es casi medianoche, pero los vecinos de Tucson no dejan de pasarse por el hospital en medio de una calma sospechosa añadida a la propia que ofrece la oscuridad. A pocos kilómetros de allí, se encuentra la casa de Jared Lee Loughner, cuyos padres llevan una vida de clase media baja en una casa ubicada en la Avenida Soledad. Hasta la misma, como a todas partes en Tucson, hay que ir en automóvil. Zach Osler, que apenas puede creer que su amigo sea el responsable de la tragedia, recuerda que no se sentía a gusto en el hogar de Jared. Sus padres Randy y Amy han emitido esta semana un comunicado consternados por los sucedido. «No hay palabras que puedan explicar cómo nos sentimos. No entendemos lo que ha ocurrido. Nos gustaría poder cambiar los atroces acontecimientos del sábado. Nos importan las víctimas y sus familias», leyó un portavoz de la familia en la puerta de su casa, custodiada los últimos días por periodistas y amigos del joven.

Más periodistas vigilan el hospital. Los médicos les han mantenido informados con ruedas de prensa diarias para repetir prácticamente lo mismo. Pero los reporteros atienden presurosos a cada una de ellas. El público espera. Randy casi pudo presentir la tragedia la mañana en que tuvo lugar el tiroteo. Tres horas antes de que su hijo disparara contra Giffords y las otras personas le vio con una mochila negra. Le preguntó qué llevaba dentro. Y cuando su hijo escapó, le persiguió hasta el desierto. Pero no pudo dar con él. Ahora, a Jared Lee Loughner le examinan los especialistas para determinar su salud mental.

La experta en psiquiatría Judy Becker explica que «en general es muy difícil que la defensa pruebe locura en un caso. Hay que determinar el estado mental de la persona en el momento que cometió el crimen. En este caso, habrá dos juicios: uno federal y otro civil», explica la experta, que espera que lo sucedido enseñe a la sociedad a borrar los estigmas de los problemas mentales. Con toda seguridad, su abogada, Judy Clarke, intentará construir una defensa basada en el estado de enajenación del caso con un alegato de locura de Jared Lee Loughner para evitar la pena de muerte.

Junto a la frontera
Tucson es una ciudad con aspecto de pueblo grande. Al oeste tiene el Parque Natural de Saguaro y las montañas de Tucson. Al norte, las de Santa Catalina. Y al sur la frontera y el desierto, donde se concentra la mayoría de mexicanos. La psiquiatra Judy Becker todavía no se puede creer cómo es posible que haya tenido lugar una tragedia de tales dimensiones en una ciudad tan agradable. Pero Arizona tiene una historia de tensiones.

Desde hace años se ha convertido en la zona cero del debate migratorio, donde chocan una población de jubilados conservadores en busca de sol, y los latinoamericanos, desplazados por los tratados de comercio y agricultura, y los emigrantes que siempre han cruzado el estado para ir al norte a trabajar. La profesora de la Universidad de Arizona Anna O'Leary admite que hay un «choque» entre estos dos grupos. La mala marcha de la economía, el 9,6 por ciento de desempleo en el estado –una décima por encima de la media del país– y la inseguridad en la frontera, donde el pasado marzo murió un ranchero, posiblemente a manos de «coyotes» (gente que ayuda a cruzar la frontera) o traficantes, han hecho acrecentar las tensiones.

La línea que divide México y Estados Unidos es muy porosa. Pero muchos emigrantes están dispuestos a cruzarla a toda costa para escapar de la pobreza y corrupción de sus países. Tucson es una de las primeras paradas, donde el negocio del tráfico de personas es uno más entre los beneficios que deja en la ciudad el campus de más de 80.000 personas de la Universidad de Arizona. También vive del dinero de los pensionistas que mantienen una lucha a brazo partido con los hispanos, para los que los servicios educativos y sanitarios son muy importantes, porque quieren que les recorten los impuestos. En esta ciudad, conocida como «Old Pueblo», las fábricas se han hecho su lugar en busca de mano de obra barata. Hay empaquetadoras de verduras, frutas y ensaladas, la mayoría ocupadas por «sin papeles».

Política cuerpo a cuerpo
La herencia española y mexicana se deja ver en cada esquina, a pesar de que los estadounidenses blancos, cuya población es del 54,9 por ciento, intentan hacer suyos los nombres que se escriben en español, como el del distrito Presidio, el parque Catalina, el Santa Rosa o Santa Rita. La directora de la oficina defensora legal Isabel García, amiga de Gabrielle Giffords, critica el «clima muy hostil». Esta penalista admite que los políticos lo han aprovechado para hacer sus campañas.

El pasado abril, la gobernadora Jan Brewer convirtió Arizona en epicentro del debate migratorio al rubricar la ley SB1070 con la que se pretendía criminalizar al indocumentado. Pero sus partes más controvertidas fueron rechazadas por un juez federal en verano. Con esta iniciativa, se pretendía obligar a los agentes de Policía a parar a «todo aquel sobre el que se sospechase que podía estar en situación ilegal». Los hispanos, cuya población asciende al 28 por ciento en Arizona, lo tenían bastante claro: «Quieren parar al bajito, de piel oscura». En este estado, uno de los cuatro que hace frontera con México junto con California, Arizona, Texas y Nuevo México, hay alrededor de un millón de indocumentados, que representan el 7 por ciento del total de las personas en situación irregular en Estados Unidos.

El tiroteo ha colocado a Arizona en el epicentro de otro debate político, que comenzó el comisario del condado de Pima Clarence Dupnik cuando hizo alusión a que la agresividad dialéctica de algunos legisladores en campaña podía haber contribuido a la tragedia. El experto en política Johnny García no espera ningún cambio. Mientras, también se ha puesto en cuestión la seguridad de los políticos y la tradición de encontrarse con sus votantes en restaurantes, tiendas y supermercados. El congresista de Arizona Raúl Grijalva admite que tiene que reevaluar sus actos programados. En cambio, el senador republicano John McCain no piensa cambiar sus hábitos. Durante estos días, los vecinos también intentan recuperar su vida cotidiana tras un suceso que jamás hubiesen pensado que podía pasar aquí en Arizona.