El giro no convence y las protestas «continuarán»

Para la presidenta de CSIF, Alicia Martos, el nuevo decreto de reordenación del sector público es un «mero blanqueo de formas» y «no resuelve ninguno de los problemas de los empleados públicos». Por ello, Martos asegura que, «por supuesto, seguiremos protestando» porque esta iniciativa «no viene a modificar nada».

La mayoría de las manifestaciones y pitadas en los actos a los que acuden el presidente de la Junta y sus consejeros se convocan de manera espontánea. De momento, el sindicato no prevé ninguna otra gran concentración como la del pasado 13 de noviembre –que reunió a casi 50.000 personas, según los organizadores–, pero garantiza la presencia de manifestantes en los días de Pleno del Parlamento andaluz para mostrar su disconformidad a Griñán.

Las reiteradas protestas han provocado un golpe de timón en la tramitación del decreto, que ahora pasará de nuevo por la Cámara autonómica. La veda se abrió en el Pleno del 16 de septiembre, cuando varios centenares de trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua protagonizaron una sonada manifestación a las puertas del Parlamento. Dentro, varios manifestantes exhibieron camisetas y lanzaron gritos como «soltad del Guadalquivir» mientras intervenía el presidente de la Junta. Pero la primera gran protesta multitudinaria fue el 17 de octubre, cuando el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, asistió a la inauguración de la Plaza de España en Sevilla. Los asistentes lograron reventar la puesta de largo de uno de los espacios más emblemáticos de la capital hispalense.

Sin embargo, las protestas se recrudecieron aún más a raíz de las modificaciones que pactaron la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo y los sindicatos UGT y CC OO. El 29 de octubre, momentos antes de la firma del acuerdo, los manifestantes acorralaron a Aguayo en la sede de la Consejería en Sevilla. Finalmente, las sugerencias fueron aceptadas mientras las centrales minoritarias exigían que el debate tuviera lugar en la Mesa Sectorial, donde CSIF tiene mayoría de representantes.

El conflicto sufrió una nueva vuelta de tuerca el 9 de noviembre, cuando el Consejo de Gobierno se cobró la primera víctima del «decretazo». El secretario general para la Administración Pública, José Antonio Ortiz –a la sazón «ideólogo» de la reordenación–, era cesado de sus funciones. La tensión fue en aumento hasta que el pasado jueves, coincidiendo con la convocatoria de la Mesa General de la Función Pública, la Junta se vio literalmente desbordada. La Policía tuvo que blindar la sede de la Consejería para que la reunión pudiera celebrarse.