La flexibilidad de los contratos comienza a dar sus frutos

MADRID- Junio ha sido tradicionalmente un buen mes para el empleo en España. Un país con un sector turístico tan poderoso siempre crea miles de puestos de trabajo temporales en los meses de verano para cubrir el repunte de la demanda de actividad que acompaña al sector servicios. A estos efectos estacionales achacaron ayer casi todos los partidos y los sindicatos el descenso en casi 100.000 personas del número de parados registrados en las oficinas del antiguo INEM el pasado mes.

Pese a tratarse del mejor dato mensual en 16 años, la oposición en bloque volvió a hablar de «fracaso» al hablar de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero, sin negar los efectos positivos que la campaña de verano ha tenido, algunos expertos y sectores empiezan a ver los primeros efectos tangibles y positivos en los citados cambios introducidos en el mercado laboral, aunque nadie se atreve todavía a hablar de un giro de tendencia después de tres buenos meses de desempleo.

Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, achaca parte de la mejora a la flexibilidad interna proporcionada por los cambios introducidos en la reforma laboral. Un diagnóstico que apoya Sandalio Gómez, profesor del IESE. «Aunque muchos no se estén dando cuenta, la reforma laboral ha proporcionado un grado de flexibilidad interna en las pequeñas empresas que anima a la contratación», explica. Un cambio, añade, «muy alentador porque está ayudando a cambiar la mentalidad de los empleadores», más animados a la hora de contratar.
Las patronales, CEOE y Cepyme, también creen que la reforma laboral «va en la buena dirección para la necesaria recuperación económica y del empleo», aunque piden más reformas, algo que el Gobierno ya tiene en mente.

Proveedores
Mientras llegan estos cambios, los efectos de los ya introducidos siguen dando sus frutos. Más allá de la reforma laboral, el plan de pago para proveedores también ha tenido un impacto más que positivo para el mercado laboral. El Estado ha inyectado 30.000 millones de euros en el sistema, el equivalente al 3% del PIB, para que ayuntamientos y comunidades autónomas liquiden las facturas que tenían pendientes con los proveedores. Un maná que ha insuflado oxígeno al moribundo tejido empresarial, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, contribuyendo de forma decisiva a frenar la destrucción del empleo. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad calcula que esos 30.000 millones de euros han contribuido a salvar al menos 100.000 empleos.

El plan de proveedores ha paliado en gran medida la falta de crédito que atenaza a las empresas, muchas de las cuales han tenido que echar el cierre durante la crisis de forma precipitada, aun siendo viables, por la ausencia de liquidez. No obstante, sólo es una medida extraordinaria y transitoria que debe dar paso a la reordenación definitiva del sistema financiero, el verdadero freno del crédito. El subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, aseguró ayer que cuando se efectúe de forma «eficaz» la recapitalización de la banca, las empresas y los ciudadanos volverán a tener crédito, lo que facilitará el crecimiento económico.
Entre lo que queda por venir y se conoce está la liberalización de horarios comerciales. El Gobierno ampliará de ocho a diez el mínimo de festivos en los que el comercio puede abrir y obligará a 14 ciudades a tener zonas con libertad horaria. Se trata de localidades tan turísticas como Barcelona, Alicante, Córdoba, Granada o Palma de Mallorca que, según la Secretaría de Estado de Comercio, desaprovechan el potencial que ofrecen los alrededor de 57 millones de turistas extranjeros que visitan anualmente España.

La tesis de Ejecutivo es que si dispusiese de horarios comerciales más amplios, las oportunidades de negocio serían mayores, lo que contribuiría a crear empleo. Según sus datos, aquellas comunidades autónomas como Madrid que disponen de mayor libertad de horarios comerciales son también las que tienen también una tasa de ocupación más elevada en el sector. Organismos como la OCDE, el FMI o la Comisión Europea han pedido en varias ocasiones a España que liberalice los horarios.