Los municipios con prostitución en la carretera piden agilizar la nueva ley

BARCELONA– El conseller de Interior, Felip Puig, ha dado prioridad a la creación de un marco legal apropiado para intentar erradicar la prostitución en las carreteras y vías públicas y espera que la nueva normativa entre en funcionamiento antes de acabar el año. Una vez se apruebe la nueva ley de derechos y deberes en el espacio público, serán los Mossos de tráfico los que pongan la denuncia y el Servei Català de Trànsit (SCT) tramitará las multas, que podrán ascender hasta los 30.000. También contemplará como infracción administrativa la prostitución en las calles.

Y pese a que globalmente estas medidas han sido bien acogidas por los principales municipios afectados, sus alcaldes llevan tiempo denunciando la situación y en su mayoría consideran que deberían haberse tomado con anterioridad. «Aplaudimos estas medidas, pero tendrían que haber llegado hace tiempo», señala el alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, mientras que el teniente de alcalde de Gavà, José Obispo, destaca que «la autovía C-31 es competencia autonómica, pero hemos tenido que actuar nosotros sobre la prostitución que se ejerce en esta vía».

Hasta ahora, la mayoría de los municipios afectados han optado por tomar sus propias medidas. Así, por ejemplo, tanto el Ayutamiento de Gavà (2006) como Castelldefels (2009), Tordera (2008) y Vidreres (2010) aprobaron ordenanzas para sancionar a las meretrices y clientes que ejercen la prostitución en la vía pública. «Inicialmente esta medida fue muy efectiva. El camino fue el de la presión policial. Pusimos un coche de patrulla donde estaban trabajando las prostitutas, lo que supuso unas 14.000 horas extras de nuestros agentes, pero funcionó», admite Obispo. Por su parte, Reyes destaca que «se ha reducido esta práctica en la autovía de Castelldefels. Si antes había unas 15 prostitutas fijas, ahora hay menos de la mitad», pero reconoce que las meretrices no suelen pagar la multa, que en Gavà es de 1.500 € y en Castelldefels puede ascender a los 3.000, una apreciación compartida por el alcalde de Tordera, Joan Carles García, quien dice ser consciente de que «nunca se conseguirá cobrar a las prostitutas». «Los clientes pagan las multas, que oscilan entre los 300 y los 1.000, y suelen hacerlo de inmediato porque quieren zanjar el tema cuanto antes, pero ellas alegan ser insolventes y como no tienen un domicilio conocido ni documentación no pagan», lamenta el edil, quien recuerda que «en 2011 se cobraron 18.000 € en multas, pero casi la misma cantidad es lo que dejaron de pagar las prostitutas». Considera que una legislación autonómica «permitiría multar con más garantías», puesto que el SCT tiene autoridad incluso para embargar.

En cualquier caso, «si bien la propuesta de ley de la Generalitat es suficiente, hace falta un acuerdo con el Estado», como recalca el alcalde de Tordera, «puesto que, de otro modo, las prostitutas que estén ejerciendo en las comarcales se desplazarán a la N-II, de titularidad estatal». La experiencia vivida hasta ahora por estos municipios así lo corrobora.