Le Vert se queja de la tardanza en enviarle documentos del chivatazo

La Policía tardó casi un mes y medio en enviar a la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert la conversación telefónica en la que Joseba Elosúa, dueño del «bar Faisán» de Irún, admitía el 4 de mayo de 2008 que había recibido un chivatazo para alertarle de una operación policial contra el «aparato de extorsión» de ETA. A la magistrada gala no le hizo ninguna gracia la tardanza y ese malestar se pone de manifiesto en la información remitida a la Audiencia Nacional sobre el «caso Faisán», que para la Fiscalía no aporta nada nuevo ni justifica la práctica de más diligencias. Eso sí, el Ministerio Público no se ha pronunciado aún sobre nueve de los 645 folios remitidos (traducidos al español hace apenas unos días), que el juez Pablo Ruz ha declarado secretos a la espera de que el fiscal Carlos Bautista se pronuncie sobre si es necesario o no avanzar en la investigación. En el informe fiscal se atribuye a «una decisión autónoma» de la Justicia francesa el hecho de que finalmente no se produjeran detenciones. Le Vert justifica esa inacción en que sólo un día antes del 4 de mayo (cuando supuestamente se iba a llevar a cabo la operación) recibió «de la parte española» un informe de 330 folios, que resumía cuatro años de investigaciones, del que «no había tenido nunca conocimiento». Los documentos no estuvieron traducidos hasta el 23 de mayo y no es hasta el 19 de junio cuando recibe el último de los anexos (de centenares de páginas). Ése es, precisamente, el que incluye la transcripción de las conversaciones telefónicas, entre ellas la que mantiene Elosúa desde el coche con un familiar tras haber sido alertado, al parecer, de que se iban a producir las detenciones. Le Vert también envió la declaración del comandante de la Policía de Burdeos, quien asegura que no llevó a cabo las detenciones (cuando Elosúa, su yerno y el etarra Cau Aldanur estaban en territorio francés) porque no se lo ordenaron sus superiores. Y eso pese a que reconoce que recibió varias llamadas del jefe del dispositivo conjunto, el español Carlos Germán, para que los arrestara (pues supuestamente se estaba produciendo la entrega de dinero del «impuesto revolucionario»).