El Gobierno estudia intervenir Asturias

Madrid- El Gobierno confirmó ayer que ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la aplicación de la nueva ley de estabilidad presupuestaria a las cuentas de Asturias, ante la situación de interinidad que vive esta región por su crisis política tras las elecciones autonómicas del pasado día 25. No hay Gobierno ni poder legítimo para hacer los ajustes que exigen los planes de consolidación fiscal impuestos por la UE. Lo cierto es que el PP de Asturias considera irrenunciable el objetivo de estabilidad presupuestaria y considera que aún queda margen para corregir el plan de ajuste.
El día 22 se cumple un año desde la celebración de las primeras elecciones que tuvieron que repetirse el pasado 25 de marzo ante la imposibilidad de Álvarez Cascos para sacar adelante los presupuestos. Tras la reciente sentencia del TC, que confirmó el escaño en liza para el PSOE, el diputado de UPyD vuelve a tener la llave del Gobierno.
Por su parte, Interior apura este fin de semana la negociación con las comunidades ante el trascende Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo jueves. En éste, el Gobierno hará el primer examen a las autonomías sobre la nueva ley de estabilidad presupuestaria. Los plazos corren y la presión de Bruselas obliga al Gobierno a ser inflexible en el objetivo del 1,5 por ciento de déficit. En esta recta final del «tira y afloja» que se mantiene en la sombra para corregir los desajustes antes del cónclave del día 17, Hacienda ha centrado el «tiro» especialmente en Valencia, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Murcia.
Ayer por la mañana el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, analizó con su equipo el Plan Económico Financiero de cada comunidad para revisar conjuntamente su viabilidad y la credibilidad de los ajustes, valorando ingresos y gastos, así como las medidas en las que sostienen los cambios en la legislación básica realizados por el Gobierno para ampliar el margen de las autonomías en sus presupuestos en Educación y Sanidad, las dos principales partidas de su gasto.
Como informó este periódico, Hacienda ha requerido a Andalucía que le desglose el ajuste extraordinario de 2.600 millones. También ha exigido una vuelta de tuerca a Valencia; y precisiones a Murcia. En el caso catalán, el problema está en los 200 millones de euros que figuran como ingresos en concepto de la deuda que la Generalitat reclama al Estado por la aplicación de su Estatuto, y que el Gobierno ya le ha dicho que no le va a pagar. Y el País Vasco es una de las autonomías en las que no cuadran las cuentas si no se aplican los ajustes en Educación y Sanidad que ha habilitado el Consejo de Ministros.
«El objetivo de estos últimos contactos es garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del -1,5% del PIB en 2012, al que deben referirse todos los planes económicos. 

Retenciones a ayuntamientos
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya anunció que la situación de los ayuntamientos era «intolerable». Por ello no se han aprobado los planes de ajuste de aquellas corporaciones municipales que rechazaron estos mismos planes en los plenos. Por culpa de esta falta de aprobación, los municipios no podrán subscribirse a los préstamos previstos en el plan de pago a proveedores y se retendrá de la Participación en Ingresos del Estado el dinero que deban a los proveedores. De los planes de ajuste presentados por los municipios –un total de 2.619– 2.305 ya fueron aprobados por Hacienda y 315 fueron negativos.
Beteta aseguró el pasado jueves que el Gobierno descartó la posibilidad de fusionar ayuntamientos, pero no descartó las agrupaciones siempre que fuesen voluntarias y con el consentimiento de la comunidad autónoma. Ésta es una de las posibilidades que se estudian desde el Ejecutivo para resolver los problemas económicos de los consistorios.