La ley de muerte digna: muchas prisas y poco consenso

Un colectivo que ha sentido especialmente los recortes de la recesión económica y que, sin embargo, podría convertirse en una «opción de futuro» para los casi cinco millones de parados: «Ahora trabajan 400 geriatras en la red sanitaria pública, pero en realidad son necesarios 800. Las personas mayores con publipatologías son las que más se benefician de estos cuidados y que, a la larga, disminuyen el gasto sanitario. No utilizan tantos especialistas», comentó a LA RAZÓN Alfredo Bohórques, secretario de la SEGG. Desde la asociación reclaman una mayor visibilidad del sector: «Nos preocupa que se vea a los mayores como un problema, cuando no lo son», añade Bohórques.

Los cuidados específicos de las personas enfermas y que sufren fases de demencia muy avanzadas no aparecen contempladas en el borrador de ley de muerte digna que está elaborando el ministerio de Sanidad. Es un proyecto que se «está haciendo muy deprisa», a pesar de ser una de las leyes que necesita «más consenso», afirmó en rueda de prensa su presidente, Pedro Gil Gregorio. Uno de los puntos de la nueva norma que más preocupa a los geriatras son los recursos y la atención destinada a pacientes que sufren otra patología que no es cáncer, ya que, en principio, son éstos últimos los más beneficiados.

En un punto del borrador se plantea el derecho del paciente a morir acompañado por sus familiares. «Un aspecto que difiere de los cuidados paliativos específicos que no están bien regulados y que debe quedar claro en la ley», declara el secretario de la asociación. Su posición con respecto a la muerte digna se resume en la «individualización de cada paciente. Existen casos que, aunque no lo parezca, se pueden llegar a recuperar. Por eso hay que hacer todos los esfuerzos posibles para intentar ayudar a aquellos que están bien», concluyó Bohórques.