CC OO desvió parte de un millón en ayudas a charangas y comidas

SEVILLA- Las ayudas públicas a los sindicatos vuelven a estar bajo sospecha. Anticorrupción ha presentado en los juzgados de Sevilla sendas denuncias contra la ex directora general de Seguridad Laboral de la Junta de Andalucía Esther Azorit Jiménez y el secretario de Organización y Finanzas de CC OO en Andalucía, Miguel Ángel Soto Cubero, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. El motivo: que, según la Fiscalía, el sindicato justificó dentro de dos ayudas de 600.000 y 400.000 euros destinadas a riesgos laborales los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista veinte fines de semana de Sevilla a Málaga, informa Ep.

La primera de estas ayudas, de 600.000 euros, fue concedida el 22 de mayo de 2009 por el entonces consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, para que el sindicato desarrollara «un plan de actividades divulgativas y de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales». Según la Fiscalía, con fecha 9 de noviembre de 2009, «consta» un documento electrónico firmado por Azorit en el que ésta señala que «de los justificantes verificables relativos a los gastos realizados por el beneficiario, resulta acreditado que la subvención ha sido aplicada parcialmente a la finalidad para la que se concedió, constando por tanto su cumplimiento parcial así como el correspondiente gasto parcial de la actividad subvencionada». No obstante, «de las comprobaciones efectuadas» por la Policía Judicial se concluye que «la suma de los gastos justificados asciende a 609.106,09 euros», pero teniendo en cuenta la documentación remitida por CC OO-A «se deduce un exceso de justificación de 13.427,97 euros». Anticorrupción dice que, con cargo a la subvención, el sindicato justificó 34.553,75 euros para una manifestación el 22 de abril de 2009, partida dentro de la que se incluye una factura por la actuación de la charanga «Los Piratas», otra correspondiente a 194 almuerzos y una tercera por el transporte en autobús desde distintas localidades andaluzas. «Una comprobación de la documentación aportada por CC OO-A como justificación del 75% de la subvención debiera haberse traducido en la no aceptación de los gastos» relativos a esta manifestación, «lo cual supone de forma indiciaria un reintegro de fondos públicos de un mínimo de 20.383,78 euros» por «exceso de justificación».

Asimismo, la Fiscalía destaca que se justificaron gastos por la celebración ese mismo día 22 de abril, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), del «Encuentro de Salud Laboral, 28 de abril. Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo», aunque la Policía Judicial concluyó que ese día «no consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral» en Fibes.

Otra subvención
La segunda ayuda investigada, de 400.000 euros, fue solicitada por CC OO-A el 9 de junio de 2009 para la financiación del «Programa de mejora de las condiciones de trabajo en la comunidad andaluza para 2009», tras lo que, el 14 de julio de 2010, la propia Azorit firmó un documento señalando que «resulta acreditado que la subvención ha sido aplicada a la finalidad para la que se concedió». No obstante, y por resolución dictada por el consejero de Empleo el 2 de noviembre de 2010, se redujo la cuantía de la subvención a 397.928,98 euros, añade el fiscal, que explica que, «de las comprobaciones realizadas» por la Policía Judicial «se pone de manifiesto que, entre los gastos justificados, se adjuntan dietas y facturas de desplazamientos, alojamientos y comidas por 26.927,96 euros». Entre ellos, veinte viajes de Málaga a Sevilla con salida el viernes y regreso el lunes para el «coordinador de actividades».

«intrusos» y cobro de comisiones en el caso ERE
Los sindicatos CC OO y UGT han tenido un papel activo en la trama de los ERE fraudulentos que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y están por ello en el punto de mira judicial. Hay varias implicaciones. La primera y más importante es que la juez Mercedes Alaya investiga las comisiones recibidas por ambos sindicatos y que éstos consideran ajustadas a la legalidad. Tanto UGT como CC OO han operado a través de empresas participadas cobrando por conceptos de asesoría y de mediación. En segundo lugar, un intruso, Antonio Fernández Garzón, fue incluido en un ERE, el de Calderinox, a instancias de un alto cargo de Comisiones Obreras. Según la información en poder de la Guardia Civil, el secretario general de Industria de CC OO remitió una carta a la Junta para la inclusión de Garzón, que se benefició de una póliza de 172.669 euros. El «conseguidor»Juan Lanzas fue, asimismo, dirigente de la UGT.