Guerrero apunta a sus «superiores» en la concesión de las ayudas ilegales

SEVILLA- La Junta de Andalucía lo ha señalado como el máximo responsable de la trama de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayer, Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo del Gobierno regional respondió a preguntas de la Guardia Civil durante más de seis horas, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la Benemérita. El escenario: el cuartel de la avenida de Eritaña, en Sevilla, al que llegó acompañado de su abogado, Fernando de Pablo, en torno a las 09:00 horas y que dejó pasadas las 15:00.

El ex alto cargo de la Junta, quien desveló en sede policial en diciembre de 2010 la existencia de una partida de fondos públicos para ayudar a empresas en crisis que denominó «fondo de reptiles» –31L–, confirmó a los investigadores que «cuantas ayudas y subvenciones pudieron darse sobre su mandato, contaban con el conocimiento y autorización de sus superiores», según ha podido saber este periódico.
Quiso dejar claro que durante el desempeño de su cargo, que ocupó entre los años 1999 y 2008, nunca adoptó «decisiones unipersonales» y que las ayudas libradas de forma directa a través del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA–, con cargo al «fondo de reptiles», respondieron a «codecisiones compartidas». Disparó hacia arriba con balas de plata. Cabe recordar que la Dirección que ostentaba depende de la Consejería de Empleo que ocuparon en ese periodo tres consejeros distintos: Guillermo Gutiérrez, José Antonio –actual secretario general de los socialistas sevillanos– y el gaditano Antonio Fernández.

La extensa comparecencia de Eritaña, enmarcada en la investigación que promueve la juez Mercedes Alaya sobre una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo financiados con fondos públicos, giró sobre las ayudas concedidas en concreto a «tres o cuatro empresas», según apuntaron a LA RAZÓN fuentes próximas al ex director de Trabajo.

La «manera que en general tenían de funcionar», el circuito que seguían las subvenciones presuntamente fraudulentas, también centró parte del interrogatorio al que Guerrero se sometió, a quien los agentes requirieron su presencia telefónicamente. Y es que según la investigación, en virtud a un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y el antiguo IFA, éste habría destinado en los últimos años más de 647.869.000 euros a la reestructuración de empresas supuestamente en crisis y otros aspectos con cargo a la ya famosa partida 31L. El dinero concedido de esa forma ni siquiera se reflejaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), lo que, según la Policía Judicial, constituye un «incumplimiento flagrante» de la Ley General de Hacienda Pública del Ejecutivo regional.

La nueva declaración de Guerrero, ha tenido lugar pocas semanas después de que el que fuera su chófer pusiera al ex alto cargo, ahora imputado, en el foco mediático tras hacerse pública su declaración en la que lo acusaba de destinar buena parte de las ayudas a comprar cocaína y a juergas, entre otras cuestiones. Una afirmación que el ex director desmintió de forma categórica.

La Fiscalía pide informes
La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en los ERE tramitados por la Junta de Andalucía, que requiera a la Consejería de Empleo para que remita una información «detallada» de los expedientes de denegación de ayudas sociolaborales solicitadas a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social por personas, empresas o entidades locales desde 2001 hasta 2011. Anticorrupción argumenta que tal petición se sustenta en la «necesidad» de «contar con elementos de juicio para discernir los criterios utilizados para la utilización de los fondos públicos objeto de los delitos que se investigan».