Sanciones de la UE a España por el «fondo de reptiles»

SEVILLA- El sistema ideado por el Gobierno andaluz para burlar los controles administrativos puede acabar acarreando problemas para España como estado miembro de la Unión Europea. Eso es lo que vaticina la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, que en un auto de fecha 8 de febrero y notificado ayer a las partes apunta que, «como conclusión apriorística en la fase de instrucción que nos encontramos, las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía no sólo podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad de tales ayudas por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sino que podría haber sido un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios».
Se trata de la segunda rama de la partida de los ERE, que no sólo servía para pagar pólizas de prejubilaciones, sino que también se utilizó para abonar ayudas discrecionales, directas y opacas a empresas sin fiscalización previa ni posterior.