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Ley de Trato con truco

Tiempo de lectura 4 min.

08 de enero de 2011. 03:54h

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8/1/2011

El primer Consejo de Ministros del año ha impulsado otra de esas leyes llamadas de «ingeniería social» mediante las cuales el Gobierno pretende acomodar al ideario socialista aspectos centrales de la convivencia, como la legalización del aborto libre, la equiparación del matrimonio homosexual, la asignatura Educación para la Ciudadanía, la Igualdad de Género, etc. En este caso, se trata de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, elaborada por el Ministerio que dirige Leire Pajín. De la información aportada ayer por Moncloa apenas si se aprecia el esqueleto de la ley y poco más de sustancia. Tampoco aclara nada la ampulosa retórica de la ministra, que abunda en conceptos mayúsculos como «construir una sociedad que no humille a nadie y que no permita que nadie sea humillado, una sociedad en la que sentirse seguro», pues lo mismo sirve para esta ley como para cualquier otra. Por una elemental razón de prudencia, por tanto, habrá que suspender un juicio más fundado en tanto el Gobierno no dé a conocer el articulado completo y se desvele qué se esconde detrás de una ley que hasta el momento sólo ha sido ardorosamente jaleada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. De entrada, sin embargo, ya existen aspectos e indicios que justifican una reflexión crítica. Es bastante discutible, por ejemplo, que esta ley sea estrictamente necesaria o que la legislación española sobre derechos fundamentales no persiga los actos de discriminación. Hay infinidad de normas, desde las laborales y educativas hasta las sanitarias y de inmigración, que ya protegen adecuadamente a las personas frente a conductas discriminatorias. ¿Qué ventajas añadidas y reales puede aportar una ley específica? Seguramente ninguna, salvo que se utilice la iniciativa como excusa para colar otros objetivos relacionados con la llamada «ideología de género». Llama la atención, por ejemplo, que a la lista de conductas discriminatorias fijada por la UE (por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad y discapacidad) Leire Pajín añada la de «orientación sexual», que a primera vista podría parecer reiterativa. Si esta atípica novedad se pone en conexión con otros aspectos de la ley, como que los acusados de discriminar deben probar su inocencia, no hay que ser un lince para aventurar el salto cualitativo que pueden experimentar las acusaciones de «homofobia», tan manoseadas por la izquierda para atacar a los dirigentes del PP y a cuantos no comulgan con el credo gay, ya sean empresarios, educadores o instituciones sociales. Ha asegurado la ministra Pajín que procurará rodear a la ley del mayor consenso y acuerdo parlamentario. Loable propósito, pero no pasará de ahí si antes no desbroza y aquilata la norma para que no resulte un truco legal con el que imponer la ideología de género a base de denuncias (¿también delaciones?) y de persecuciones arbitrarias. En este punto, el PP tiene el deber de exigir mayor transparencia y rigor para evitar que el sectarismo ideológico del PSOE imponga otra ley más al conjunto de los ciudadanos.

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