El Consejo de Garantías cuestiona la constitucionalidad de las veguerías

Una semana después de que el Tribunal Constitucional (TC) pusiera en tela de juicio la constitucionalidad de las veguerías, ayer el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) también cuestionó algunos preceptos de la nueva organización territorial catalana. En concreto, el CGE declaró «contrario» al Estatut y la Constitución la fórmula planteada por la Generalitat para implantar las veguerías en le territorio. El dictamen del Consejo de Garantías Estatutatuas, que no es vinculante, cayó como un jarro de agua fría entre los partidos del Govern, cuando queda una sola sesión parlamentaria para que pueda aprobarse la reforma territorial de Cataluña antes del verano.De cuatro a siete A lo largo de las 37 páginas del dictamen, el Consejo de Garantías Estatutrias recomienda que la Generalitat espere a que el Gobierno reforme la «ley orgánica» que fija la distribución territorial española, es decir las provincias, aunque en ningún momento critica la creación de las veguerías. La pretensión de la conselleria de Governació, dirigida por Esquerra, es iniciar la implantación de las veguerías mediante cuatro divisiones iniciales que coincidan con las cuatro provincias. Posteriormente, se deben dividir hasta conseguir las siete veguerías previstas en el Estatut. Este precepto tampoco ha satisfecho al Consejo de Garantías, al no ver conveniente crear cuatro veguerías iniciales, cuando el Estatut exige la creación de siete divisiones. Así, el Constitucional catalán ha dado la razón a los partidos de la oposición, que habían solicitado el dictamen dados los interrogantes que plantea el redactado de la norma.Ante este panorama, CiU, PP y C's coincidieron a la hora de exigir al Govern que posponga la aprobación de las veguerías. Una vez emitido el dictamen, los partidos deberán plantear enmiendas a la norma, que debería votarse en el pleno del 14 y 15 de julio. De momento, PSC e ICV se mostraron abiertos a adaptar el redactado de la Ley aunque no parece que ERC va a estar igual de receptiva. El conseller de Governació y Administraciones Públicas, el republicano, Jordi Ausàs, tachó el dictamen de «interpretación muy expansiva del hecho provincial» y lamentó la lectura «restrictiva» del autogobierno catalán utilizada. Ausás dijo no ver cuestionado su trabajo pero se abrió introducir «modificaciones» a la norma, aunque eso sí «pequeñas».