Las mujeres que no amaban a los hombres: cuando la denuncia de maltrato es falsa

«Soy tu papá, no el hombre malo que te hizo daño». En esta frase, que desearía decirle a su hija, y no puede, se resume el vía crucis de Miguel Ángel Torres. La pequeña de 9 años, en una de las comparecencias que realizó ante el juzgado, dijo que su padre era «un hombre malo que le hacía daño». A decir de este pensionista de 37 años –que arrastra una depresión crónica y un avanzado cáncer de colón– y sus letrados, la niña podría ser víctima del controvertido Síndrome de Alienación Parental (SAP), aceptado de pleno por el DSM-4 americano, aunque en España es aún discutido por jueces, políticos y profesionales. Se trata de la manipulación del menor por quien tiene la tutela para predisponerlo hacia uno de sus progenitores. Pese a haber sido absuelto de una denuncia interpuesta por su ex mujer de abusos sexuales a su hija, sigue sin ver a su pequeña desde hace 7 años. Tras una larga batalla judicial, se pudo demostrar que la niña tenía lombrices y las heridas anales que presentaba se las había provocado ella misma tras rascarse de forma continuada. Ahora que legalmente ya podría abrazar a su hija, la madre se encuentra en paradero desconocido, por lo que el encuentro sigue siendo imposible.«Me moriré sin verla porque no me queda mucha vida. Me veo como una simple semilla que no puede ver lo que sembró». Y concluye con pocas ganas y un alarmante estado emocional depresivo: «Debe haber una justicia firme para ambas partes y que los juicios se celebren de forma rápida y no tener que esperar los cinco años que tuve que aguantar yo, siendo señalado por amigos y vecinos», exige, implora o ruega. Sin presunción de inocencia«Zapatero se definió tras ganar las elecciones de 2004 como "feminista radical". La Ley Integral de Violencia de Género de ese año despoja del derecho a la presunción de inocencia a la mitad de la población: la masculina, a la que en la práctica permite detener sin más prueba que la declaración de la supuesta víctima de malos tratos. Por no incidir en que se conculca el artículo 14 de la Constitución, pues considera determinadas acciones como delito si las cometen los hombres, y como falta, si las cometen las mujeres». Así arranca Diego de los Santos su libro «Las mujeres que no amaban a los hombres» (Almuzara), manual de consulta infinidad de hombres que han sufrido denuncias falsas por parte de sus ex parejas.

Es un hecho innegable que muchas mujeres continúan sufriendo violencia por parte de sus parejas y es una obligación social protegerlas con una tolerancia cero hacia semejante atrocidad. Pero hablar de hombres maltratados –o falsamente acusados– no supone un menoscabo ni una negación, hacia su situación dolorosa. No en vano, ellas debieran ser las primeras en alegrarse de que no pocos profesionales intenten desenmascarar a las «falsas maltratadas», aboliendo la descompensación de proteger sólo a un género.

Si el comportamiento violento está generalmente ligado al hombre, no es menos real que la agresión verbal, la psicológica, la desautorización de la palabra frente a los hijos, e incluso la manipulación de éstos para aborrecer al padre, son el pan de cada día que presencian muchos profesionales de la justicia. ¿Por qué los hombres «maltratados» carecen de credibilidad, no tienen casas de acogida, ni un teléfono equivalente al 016, pero sí hay centros para reinsertar a los violentos? AutolesionesDespués de un calvario de denuncias falsas, José Antonio Santos ingresó en prisión acusado de malos tratos en febrero de 2007, donde permaneció 11 meses. Su ex mujer esperó cinco años después de la separación para acusar a su marido de agresiones e intentos de asesinato. Aunque él estaba en la cárcel, ella seguía poniendo denuncias por agresiones. Incluso llegó a decir que le enviaba matones o sicarios para hacerle daño. Cuando la jueza de guardia pidió un informe al médico forense, éste dictaminó que podían ser autolesiones o lesiones simuladas con un cutter, en tanto que los cortes que presentaba eran perfectos y paralelos. Todavía ahora continúa enfrentándose con el dolor de no poder ver a su hijo de 12 años, sin que la justicia pueda evitar las continuas trabas que interpone la madre para que se restituya el contacto entre ambos. Aunque el pasado abril se pudo reunir, finalmente, con él: «Fue un impacto precioso para ambos», declara emocionado. Por ahora, ya que ha solicitado poder pasar más tiempo con el menor, sólo puede ver a su hijo una hora y media todos los todos los sábados en un punto de encuentro. Aunque no ha podido verlo con regularidad porque su mujer en dos ocasiones ha incumplido el régimen de visita. Este hecho le ha ocasionado dos faltas. La batalla judicial continúa. La principal causa, según el psicólogo de pareja Raúl Padilla, «reside en el hecho de que se trata de matrimonios enfermos. Aunque los problemas económicos, la falta de trabajo y las adicciones aumentan la violencia doméstica, las principales causas son el deterioro de la relación de la pareja y la incompatibilidad de caracteres, que empiezan en un choque y llegan a los malos tratos».Un ex guardia civilEl caso de Adriano Moguel no es distinto, simplemente campa por otros «fueros». Tiene el plus añadido de haber sido guardia civil y sobre los funcionarios pesa la ley del silencio. En una ocasión no pudieron arrestarle porque les demostró a sus compañeros que era ilegal hacerlo sin utilizar el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado–sin el cual no se puede detener a nadie sin haberse investigado y demostrado los hechos denunciados y sin escuchar su declaración–, motivo por el que la mayor parte de los hombres en esta situación terminan con sus huesos en el calabozo o en prisión, sólo debido a la declaración de sus ex parejas. Después de años de litigios, a este ex guardia civil le han retiradodel Cuerpo por insuficiencia de las condiciones psicofísicas para el desempeño de sus funciones, debido al «rosario de falsas denuncias demostradas por violencia de género y presuntos quebrantamientos de la orden de alejamiento, también probados», truncando así su carrera profesional a los 34 años. Desde octubre de hace dos años, tras salir absuelto de la denuncia por violencia, la cruzada legal aún se dirime en los juzgados, «ahora por diligencias por un supuesto delito contra la administración, sin fecha para juicio desde hace dos años». La situación de Adriano es un tira y afloja continuo para intentar cumplir como padre en las visitas estipuladas, mientras su ex mujer no se lo pone nada fácil para salvar la distancia entre Cádiz y Cantabria y él termina sucumbiendo a la ansiedad y a la desesperación: «Tengo un verdadero conflicto psicológico y moral –aclara, no exento de pena–, porque he trabajado toda mi vida por y para laJusticia, y ya no creo en la ella». Hombres y mujeres deberían empatizar ante el hecho de ser víctimas de sus parejas o ex parejas, y no rivalizar en qué género sufre más. Quizá sea hora de que el Gobierno analice las denuncias falsas que tantos magistrados han observado, como treta para ganar custodias de hijos, quedarse con el domicilio o vengarse. De momento, los entrevistados varones exigen lo mismo: la desaparición del Ministerio de Igualdad, la transformación de la Ley de Violencia de Género en una de violencia intrafamiliar, modificaciones de la Ley del Divorcio y que se actúe contra las denuncias falsas. Sin levantar el pie del acelerador ni desatender el hecho de que decenas de mujeres mueren a manos de sus ex parejas, ¿cómo protegerlas, y castigar a los maltratadotes, sin llevarse por delante todos los derechos de aquellos a quienes aún ampara la presunción de inocencia?

Suicidios en trámite de separaciónSegún el Consejo General del Poder Judicial, durante el 2009 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas fueron 54; 10 fueron los hombres. Pero, según el Juez Francisco Serrano, en realidad ascienden a 33. No se computan los 23 restantes porque no se tienen en cuenta los crímenes a manos de «ligues» o parejas esporádicas, y sí en el caso de ellas. Durante el año 2006, se suicidaron 630 hombres en trámites de separación. Es el último dato que se conserva, porque a partir del 2007, el INE retira el parámetro del estado civil, por lo que no se pueden estudiar los datos ni los condicionantes. Este dato fue el que llevó al juez de Familia número 7 de Sevilla Francisco Serrano a manifestar que las denuncias falsas por maltrato hacia la mujer están provocando un «genocidio» entre los hombres, ya que las consecuencias –como la retirada de la custodia de los hijos– está llevando a muchos hombres al suicidio. María Poza, jueza titular del Juzgado número 4 de Murcia, fue la primera persona que se opuso a la Ley Integral contra la Violencia de Género por considerar que el hecho de que la ley imponga distintas penas en función de que el agresor sea hombre o mujer vulneraba tres artículos de la Constitución, entre ellos el principio de igualdad. Si un hombre agrede a una mujer y le provoca lesiones físicas o psíquicas, su condena oscila de dos a cinco años de prisión. Si la violenta es ella, el castigo es de seis a tres años de prisión.