La «revolución naranja» que no cesa

Córdoba- Miles de funcionarios –unos 7.000 según la Policía Local y más de 10.000 para los organizadores– se manifestaron ayer por las calles de Córdoba para pedir la derogación de la Ley de Reordenación del Sector Público, aprobada por la Junta de Andalucía.
El portavoz de la plataforma de empleados públicos de Córdoba, José María Herrera, aseguró que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, deberá dimitir el día después de que los tribunales «tumben» la ley, eso «si no lo hace antes por la corrupción» en el caso de los ERE irregulares que «ya le está salpicando demasiado». Para Herrera, la ley es «anticonstitucional, así como los estatutos que se publicarán próximamente» sobre el sector público, por lo que ya han contactado con dos despachos de abogados que trabajarán en estos asuntos.
La manifestación partió a mediodía de la avenida Conde de Vallellano y tras recorrer varias calles finalizó frente a la Delegación del Gobierno de la Junta, ubicada en la calle San Felipe.
Durante el transcurso de la misma, los participantes, que llegaron desde todas las provincias andaluzas, la mayoría de ellos ataviados con las ya famosas camisetas naranjas en las que se critica la nueva ley del sector público, silbaron, lanzaron críticas al Gobierno andaluz y pidieron la derogación de la normativa. La marcha transcurrió sin incidentes. En el discurso final, los convocantes aseguraron que se han movilizado para mostrar una «lucha» que sigue «muy viva», por «la dignidad del empleo público y por una administración pública imparcial, independiente, que esté al servicio del ciudadano».
Los manifestantes también subrayaron que la Junta «sigue teniendo el poder, pero un poder debilitado por la corrupción, la mediocridad, los escándalos, el favoritismo y el despilfarro».
Los funcionarios de la Administración andaluza llevan desde septiembre de 2010 protestando de manera continuada por la reordenación del sector público, que se aprobó recientemente en la Cámara tras acceder la Junta a tramitar el primer «decretazo» como Proyecto de Ley. Algunas de estas manifestaciones han sido masivas, como la que reunió a 50.000 personas –según los organizadores– en la capital hispalense.
Además de las protestas en la calle, también hay una ofensiva en los tribunales. Sindicatos como CSIF o Safja han interpuesto recursos en los órganos jurisdiccionales de Justicia. Además, el Partido Popular ha presentado dos recursos en el Tribunal Constitucional al entender que el «decretazo» menoscaba principios de la Carta Magna.