La Ley de Ciencia aprobada entre críticas y desacuerdos

El desarrollo y aplicación de esta ley costará unos 40 millones de euros, según fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación. Con todo, no ha terminado de convencer a muchos colectivos científicos, entre los que se encuentran la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE) y la Plataforma «Investigación Digna», quienes señalan que la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación tiene deficiencias relacionadas con la carrera científica de todos los investigadores.

«Vuelta a su país»
Así, el presidente de la Confederación COSCE, Joan Ginovart, se ha mostrado crítico con un texto que no «evita que vengan profesionales a España o que los españoles vuelvan a su país». Del mismo modo, ha señalado que la ley no propone una reorganización del sistema que, a su juicio, «tarde o temprano debe producirse». Sin embargo, Ginovart ha apuntado que la ley es «un paso adelante» en aspectos como la transferencia tecnológica o la movilidad de científicos.

Por otra parte, ha asegurado que el nuevo texto «se preocupa más de la gobernanza que de los investigadores» y ha indicado que la Ley de la Ciencia deja a los profesionales «a la deriva» porque el nuevo contrato de acceso «no viene ligado a ningún tipo de garantía de que existan oportunidades de estabilización para los investigadores que superen las evaluaciones establecidas», sino que es «sólo un contrato temporal de cinco años».

Principales puntos de la ley
La nueva Ley de Ciencia propone la creación del Comité Español de Ética de la Investigación, que convivirá con el Comité de Bioética de España, la creación de la Agencia Estatal. Establece que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno elaborará el estatuto del personal investigador en formación y apuesta por la internacionalización del sistema español de ciencia, tecnología e innovación entre otros puntos.