OPINIÓN: Aprender la lección

Lo ocurrido esta semana en Ronda, por desgracia, empieza a ser cotidiano en muchos municipios de nuestro país: integrantes de la Policía que irrumpen en un Ayuntamiento por orden judicial, recopilan ordenadores y cientos de documentos y detienen a varios dirigentes políticos, además de a empresarios y abogados por presuntos delitos de corrupción urbanística.

Esta vez han sido siete personas que, a las pocas horas, han quedado en libertad con cargos. Pero de situaciones semejantes han sido testigos de excepción, otrora, los vecinos de Estepona, Marbella, Alhaurín el Grande, Torre Pacheco, Totana, Andratx... Y así un reguero de casos en la última década que se convierte en un insoportable etcétera.

En la serranía de Ronda, los colectivos ecologistas venimos denunciando desde 2001 actuaciones y proyectos urbanísticos de dudosa legalidad. Recalificaciones de terrenos, modificaciones puntuales del planeamiento local, opacos convenios urbanísticos firmados entre consistorios y constructoras han deparado más de un quebradero de cabeza a quienes creen en el Estado de Derecho, en la ética, y en que el mejor legado que le podemos dejar a las próximas generaciones (que ya están entre nosotros) es un entorno bien conservado. Paradójicamente, en los últimos años, nuestra asociación ecologista ha estado más atenta al cumplimiento de la ley urbanística en Ronda que nuestros propios gobernantes: ellos, en nombre del progreso, han llegado a dar luz verde a un circuito de fórmula uno –más grande que el de Jerez de la Frontera– en pleno dehesar reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera. También autorizaron campos de golf y cientos de casas que, gracias a la crisis, no se materializaron. Consintieron que las viviendas ilegales en terrenos protegidos crecieran como champiñones y vendieron terrenos públicos a promotoras privadas, con métodos más que sospechosos, forzando la actuación policial. Ahora, cuando el boom urbanístico ya es cosa del pasado, pagamos las consecuencias de sus prácticas: el paro se dispara entre una población que ganaba dinero con el monocultivo del ladrillo, el Ayuntamiento está arruinado y la clase política desprestigiada. Porque los partidos no se toman en serio la corrupción urbanística.

De lo que pasaba en Ronda advertía hasta el Instituto Andaluz de Criminología, que le dio tiempo a publicar un libro en el que se demostraba que el planeamiento se amoldaba a intereses ajenos al general. Sin embargo, el PSOE que dio cobijo a estos concejales (eran tránsfugas del andalucismo) prefirió mirar hacia otra parte. La ciudadanía debería reflexionar sobre lo ocurrido en Ronda. Sobre todo porque, en otras tierras, como en Córdoba, hay empresarios de la construcción imputados por corrupción que se sientan en despachos de gerencias de Urbanismo para exigir la regularización de miles de casas ilegales con el dinero de todos. Toca aprender la lección.

Alejandro Moreno Sánchez
Secretario de Ecologistas en Acción de Ronda