Andalucía

El Ayuntamiento reprocha a Chamizo que «se excede en sus funciones»

Considera «una injerencia» que se postule como mediador con Sevilla Global

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha solicitado un encuentro «urgente» con el Consistorio
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha solicitado un encuentro «urgente» con el Consistoriolarazon

SEVILLa- La capacidad de José Chamizo para mantener el status quo al tiempo que ejerce sus funciones como Defensor del Pueblo Andaluz, tras 16 años en el cargo, puede estar dando coletazos. Chamizo ha sido reelegido en dos ocasiones y puede que no haya una tercera, enfrentado a los partidos que lo designan en el Parlamento tras afearles que «los ciudadanos están hasta el gorro de los políticos y sus peleítas». Su independencia ahora es vista como desobediencia. El PSOE calla. IU viene dejando en el aire su continuidad. En el caso del PP, la confrontación deviene en guerra abierta y Zoido ya ha dejado caer que lleva demasiado tiempo en el cargo. En la capital, donde gobierna el presidente de los populares en Andalucía, sus críticas no son bien recibidas. «Se excede en sus funciones», ha sido la última respuesta del Consistorio.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha ofrecido al alcalde, Juan Ignacio Zoido, una «mediación» en el conflicto laboral abierto en la empresa municipal Sevilla Global, inmersa en un procedimiento de disolución y liquidación. Chamizo instó al Ayuntamiento a celebrar una reunión «urgente», tras un encuentro con los afectados.

Por su parte, el delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, Gregorio Serrano, recordó que «la disolución de Sevilla Global es una decisión que compete al Gobierno municipal». Serrano indicó que la disolución responde a «una decisión tomada (en el Ayuntamiento) en función de su competencia y autonomía, y no se trata del funcionamiento anómalo de ningún servicio público», pidiendo a Chamizo que «no entre en cuestiones que no le corresponden». «Lo que debe hacer el Defensor del Pueblo Andaluz es reclamar cuanto antes al gobierno de la Junta la puesta en marcha de las escuelas taller, que llevan un año paralizadas, así como también la puesta en marcha de los dispositivos de Andalucía Orienta que igualmente se encuentran paralizados», puntualizó. Serrano también solicitó al Defensor que «reclame que cesen los despidos de los agentes locales de Empleo, que son ya más de 800 los despedidos en toda Andalucía». El delegado subrayó que «el espíritu del Gobierno del Ayuntamiento es colaborar siempre con el Defensor del Pueblo Andaluz, pero sin que se produzcan injerencias en las decisiones».

El segundo frente abierto entre el Consistorio y la Oficina del Defensor responde a la queja del PSOE sobre la comisión del Plan Centro. El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Juan Espadas, remitió un escrito a Chamizo en el que alega que el objeto de la comisión era la investigación del plan desde su inicio y no abarcaba «hechos posteriores», calificando como «excusas» por parte de Zoido indicar que no se cierra hasta que no llegue el informe de la Agencia de Protección de Datos sobre las imágenes tomadas de las cámaras de videovigilancia por un usuario no autorizado.

Según el portavoz municipal, Francisco Pérez, «el cierre de la comisión no depende de la voluntad política, por mucho que se empeñe Espadas». «Una vez que se pronuncie la Agencia de Protección de Datos estaremos en condiciones de elaborar las conclusiones», señaló, recordando que «la eliminación del Plan Centro era un compromiso electoral del alcalde y los sevillanos pueden comprobar que la movilidad del centro ha mejorado y lo sigue haciendo de forma constante».

 

Quejas: de la Zona Azul al botellón, pasando por la falta de fluidez
La buena relación personal entre Zoido y Chamizo motivó un encuentro en el Consistorio, al poco de alcanzar el ahora líder del PP-A la Alcaldía. El buen tono de la reunión no quita para que en la Casa Consistorial no gusten sus reproches. Chamizo ha afeado al Gobierno de Zoido «falta de voluntad» para comprobar denuncias; la indefensión ciudadana ante la Zona Azul; la «lamentable» actuación frente al botellón (citando la época de Monteseirín y hablando de la «actitud entorpecedora» de su Gobierno) y la indefinición con el botellódromo, así como la falta de comunicación fluida con los servicios municipales.