Barberá y Blasco se reúnen el día 7 para ver cómo pedir más competencias

El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Rafael Blasco, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, mantendrán el próximo día 7 de septiembre una reunión con el objetivo de comenzar a perfilar la estrategia a seguir en sus reivindicaciones sobre competencias frente al Gobierno central. Se inicia así un programa que parte de la petición de la Generalitat y del Consistorio capitalino de obtener para Valencia

el mismo régimen especial financiero del que ya gozan ciudades como Madrid y Barcelona. De este modo, la capital de la Comunitat Valenciana podría recibir más subvenciones y transferencias por parte del Estado, entre ellas, y una de las que se pondrá en la mesa durante la primera reunión, la de asumir las competencias sobre los chiringuitos, lo que pondría fin a la polémica sobre terrazas que «amenaza», según los propios hosteleros, el sector.

Mientras, ayer Blasco insistía de nuevo en que el Gobierno de España «está ahogando a las autonomías y a los ayuntamientos con una financiación deficiente que les obliga a asumir una carga ajena».

Para el conseller, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no sólo discrimina a la Comunitat, sino que además le exige más de 600 millones de euros. En este sentido, recordó que el grupo popular apoya la propuesta del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de evitar que el Gobierno socialista exija este dinero a la Comunitat, y se mostró «perplejo» por las pretensiones de Zapatero. Al respecto, se preguntó qué va a pasar con los costes de sanidad, servicios sociales, seguridad o educación que ya asume el Gobierno valenciano si encima les reclama dinero, pues, según dijo, desde la llegada de Zapatero a la Moncloa, los valencianos han tenido que hacer un esfuerzo suplementario de 8.000 millones de euros para afrontar los costes de esos servicios.


Críticas a las ayudas
La secretaria de Movimientos Sociales y ONG del PSPV-PSOE y diputada en Les Corts, Clara Tirado, acusó ayer a Blasco de ser el responsable de que el presupuesto destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo para este año se haya reducido a casi la mitad respecto al anterior. Según dijo, de cumplirse la Ley, la Generalitat valenciana debería destinar aproximadamente cien millones de euros a la cooperación internacional para el desarrollo.