Los islamistas turcos llevan a referéndum una ley que limita el poder militar

El gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Turquía consiguió en la madrugada del pasado viernes el respaldo parlamentario necesario para llevar a cabo una reforma parcial de la Constitución del país, allanando así el camino para celebrar un referéndum. El primer ministro turco, Recep Tayip Erdogan, afirmó en la justificación de la medida que las reformas, que revisarán la Judicatura y harán que el Ejército pueda responder ante los tribunales civiles, son imprescindibles para que Turquía se acerque a los estándares políticos y legales marcados por la Unión Europea, que tiene serias dudas sobre la idoneidad del sistema político y judicial turco. Pero los oponentes políticos ven la iniciativa como un intento para que el partido islamista se haga con el control de todos los organismos del Estado.

«El paquete de reformas ha sido aprobado (...), permitirá que vengan cosas buenas a nuestro país», aseguró el presidente del Parlamento, Mehmet Ali Sahin, después de que los diputados aprobaran el proyecto de ley tras una sesión maratoniana que terminó a las dos de la madrugada.

 El proyecto de ley, que pretende reformar la Constitución, vigente tras el golpe de Estado militar de 1980, pasa ahora al presidente turco, Abdula Gul, que debe firmarlo. Como el AKP no tiene los dos tercios que le darían la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar las reformas, debe presentarlas a referéndum, que el Gobierno quiere que se celebre en julio.

Pero el camino no estará exento de dificultades. Así, la oposición ya ha afirmado que apelará ante el Tribunal Constitucional para bloquear cualquier tipo de consulta. Este Tribunal ya ha impedido en otras ocasiones los intentos reformadores del AKP.

 También ha intervenido el fiscal jefe del país, nada amigo de los islamistas a los que intentó ilegalizar hace cuatro años, afirmando que las reformas no son democráticas. La postura no es más que un reflejo de las acusaciones de los críticos de que Erdogan intenta dañar la independencia de la judicatura e instalar a sus seguidores en los principales puestos judiciales y civiles.

El Gobierno también había propuesto que se incluyera una enmienda que hacía más difícil prohibir partidos políticos, pero el artículo no consiguió los votos suficientes como para formar parte de las reformas que se presentará a referéndum. De todas formas, el proyecto del AKP no recibió la mayoría cualificada de dos tercios, pero fue votada por 336 de los 550 diputados de la Cámara.

El paquete de enmiendas pretende reformar la estructura del Tribunal Constitucional y del Consejo Superior del Poder Judicial (de Jueces y Fiscales) y también abre la posibilidad para enjuiciar ante tribunales civiles a oficiales del poderoso ejército turco.

Pese a las protestas y amenazas de vetos legales, Erdogan dijo ayer que ya se estaban llevando a cabo los preparativos para celebrar la consulta el próximo verano. Añadió que su partido hará una campaña entre la población para explicar el sentido de su reforma constitucional, pero sin entrar en una batalla dialéctica con la oposición, encabezada por el Partido Republicano del Pueblo.

Cómo meter en cintura al guardián del estado

Mustafa Kemal Ataturk, el padre de la nueva Turquía, la que salía del trauma de la Primera Guerra Mundial con su imperio perdido, basó la refundación del Estado en la laicidad de la Constitución. Y encargó su guarda y custodia al Ejército, la institución que había sido la principal víctima de la ineficacia y la corrupción de un régimen teocrático.

No menos de seis golpes de estado, el último en 1987; y varias asonadas de advertencia, la más reciente en 2007; demuestran el celo con el que los militares turcos se han arrogado el papel de guardianes del Estado. Una posición que, con el tiempo, ha creado una casta rodeada de privilegios y, por qué no decirlo, del respeto mayoritario de la población.

Los islamistas turcos apelan a las innegables deficiencias de un sistema en el que los poderes militar y judicial están prácticamente fuera del control político, para sacar adelante sus reformas. Sin embargo, la cuestión estriba en saber si el objetivo se limita a lo razonable o, si por el contrario, se busca abrir brecha en la muralla laica de la Carta Magna. Pretensión siempre complicada en la nueva Turquía.