Umbral de represión

Zapatero nos dijo lo que ya sabíamos. Gadafi es un indeseable, quién lo duda. Nadie derramará una lágrima por él si lo matamos, accidentalmente, en un bombardeo. Su currículum criminal es inabarcable y merece, en justicia, ser desahuciado de la jaima. Dado que la biografía del personaje es cosa sabida, creí que el presidente iría, en su intervención parlamentaria, más allá. Su gobierno, como los demás embarcados en la operación anti Gadafi, está obligado a ahondar en los argumentos y afinar las tesis para desterrar la idea de que estamos actuando en Libia por la proximidad geográfica y por el petróleo que atesora (¿o por qué no actuamos en Yemen y en Costa de Marfil?). El momento histórico es relevante porque el anhelo de libertad política ha prendido con vigor inédito en el mundo árabe. Merece la pena explorar las posibilidades no sólo de alentar revueltas concretas en países concretos, sino de establecer una doctrina general sobre las formas de gobierno que aplaudimos y aquellas que siempre combatiremos. No es opinión, sino observación, que la «masacre» de la que acusamos a Gadafi no cuenta, a día de hoy, con evidencias empíricas que la avalen. Decirlo no es tomar postura contra la intervención militar, sino animar a quienes la impulsan a admitir que bastan las pruebas de tiranía criminal que Gadafi ha acumulado durante años y años; es invitar a la «comunidad internacional» a que establezca ya que los regímenes que sofocan manifestaciones a tiros y asfixian cualquier amago de disidencia no deben existir en ningún país, y que todo movimiento opositor que busque la apertura democrática (y que haya sido verificado como tal) contará siempre con el respaldo, por todos los medios, de la llamada «legalidad internacional». Porque si el motivo alegado para actuar contra Gadafi no es que su régimen es anacrónico y despreciable, sino que esta vez se le ha ido la mano, estamos asentando una doctrina distinta y repugnante: la del umbral de represión, el grado de tiranía que estamos dispuestos a tolerar sin escandalizarnos, el pragmatismo de permanecer ciegos según y cómo. Sólo nos preocupará entonces dónde ponemos la raya, cuántos presos políticos aceptamos y cuántos manifestantes muertos nos parecen asumibles –en Yemen se supera ya la cincuentena, cuarenta y tres más de los que tiene acreditados en Libia el fiscal Ocampo–. Los regímenes dictatoriales son despreciables no sólo por lo que hacen, sino por lo que son. Lo que hacen es consecuencia de lo que son. Un régimen dictatorial entiende la represión como una pieza más de la maquinaria que le permite perpetuarse, está en su esencia. Lo que la ONU debe empezar a combatir es la esencia, no sólo la manifestación sangrienta de la misma. Hay 47 naciones en el mundo bajo regímenes dictatoriales y 58 en las que la libertad política y los derechos civiles son muy limitados (Informe Freedom House 2010). Las democracias plenas, 89, aún somos minoría. El problema es la enfermedad, no sólo el síntoma que revela su existencia.