Los colegios elegirán si cobran o no a los alumnos con «tupper»

MADRID- Los consejos escolares de los centros educativos serán los que decidan si las familias que opten por enviar a sus hijos con fiambrera al colegio tendrán que pagar o no una tasa por el uso del servicio. Así lo explicó ayer el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, durante una visita a la planta de El Alto de la cementera Portland en la localidad de Morata de Tajuña.

El consejero recalcó que la Comunidad «va a dar libertad a las familias» a través de una orden que se publicará en las próximas semanas, y que los consejos escolares de cada centro decidirán «en qué condiciones se da la prestación». Serán «en particular» los consejos escolares «los que decidirán en qué condiciones se podrán llevar esos "tupper"a los colegios», resaltó Manglano, puesto que «los costes que puedan acarrear serán decididos a nivel de cada uno de los centros». Asimismo el titular de Economía incidió de este modo en sus palabras del pasado lunes, cuando explicó que la Comunidad no tenía previsto aplicar una tasa a los alumnos que lleven la comida de casa a los comedores de los centros escolares públicos.

Solución a la jornada contínua
Tras conocer esta postura del Ejecutivo regional, CC OO y UGT se apresuraron a acusar a la Consejería de Educación de «poner la patata caliente en manos de los colegios» al permitir que los niños lleven su comida a los centros escolares. Para el sindicato independiente ANPE, sin embargo, la propuesta del Gobierno autonómico «sería una buena solución facilitar que los colegios puedan tener jornada continuada». Eso sí, según explicó a Efe Francisco Melcón, portavoz de ANPE, la medida «genera problemas y dificultades a los equipos directivos. No tiene en cuenta cuestiones como la calidad de los alimentos que reciben los niños –dadas las diferentes circunstancias familiares– o si se rompe la cadena del frío en la conservación de las friambreras». declaró.

Para UGT, la posibilidad de «llevar el "tupper"es una vergüenza, porque supone volver a hace 40 años y afecta sobre todo a las familias que no tienen recursos», declaró su secretario de Educación, Eduardo Sabina.