Madrid- La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, no ha tardado en posicionarse del lado de Garzón y ayer no dudó en exigir a España la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos. El portavoz de Pillay, Rupert Colville, descartó comentar la sentencia que inhabilita al juez Baltasar Garzón, pero sí recordó las otras dos causas abiertas sobre el magistrado y, en alusión a la relativa a los crímenes del franquismo, no dudó en defender este tipo de pesquisas. «España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos», dijo Colville durante una rueda de prensa en Ginebra. Además, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen «derecho de reparación». Colville recordó que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, «España debe derogar su Ley de Amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de Derechos Humanos». Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por España en 1985.Colville destacó, en alusión a Garzón, que «los jueces no deberían ser objeto de una investigación penal por hacer su trabajo», habida cuenta de que sus investigaciones, según la ONU, tratan de cumplir los estándares internacionales en la medida en que no cabe amnistía «para graves crímenes internacionales». La norma puesta en cuestión «podría violar el principio de independencia judicial».