El empresario nexo entre el PSOE y el PNV reconoce una "donación" a la fundación de Ábalos y sitúa a Koldo como comisionista

El empresario Antxon Alonso, que hizo de nexo de unión entre el PSOE y el PNV y EH Bildu ha reconocido en su interrogatorio ante el juez del Tribunal Supremo que realizó una donación a la fundación de José Luis Ábalos porque "desgravaba" y ha dicho que efectuó pagos a Koldo García a cambio de que le buscara adjudicaciones. Alonso ha negado irregularidad alguna con las licitaciones a Servinabar y ha dicho que todas fueron de carácter privado.

El empresario estaba citado a declarar este lunes junto con el exdirector del Departamento de Navarra y de La Rioja de Acciona, Fernando Merino. El magistrado les imputó tras adherir el informe de la UCO del pasado 5 de junio que les otorga un papel relevante en la presunta trama de amaño de obras públicas primero en Navarra y luego a nivel nacional.

El primero en comparecer ha sido Merino, que ha respondido a las preguntas de su defensa letrada, del juez y de la Fiscalía Anticorrupción. El empresario ha dicho que Acciona concurrió a las adjudicaciones de Navarra acompañado de Servinabar (la empresa de Alonso) porque era conveniente actuar con empresas locales. Al respecto ha explicado que era "práctica habitual" apoyarse en una empresa de la zona y que en el caso de Alonso le conocía ya de haber colaborado con él en proyectos previos de índole inmobiliario en Navarra. "En el 99% vamos siempre con socio local", ha asegurado, según confirman fuentes presentes en el interrogatorio a LA RAZÓN.

"Las facturas al bar Franky son reales"

En relación con Koldo García ha precisado que le conoció en 2015 con motivo de una visita a Geoalcali, la explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón cuyas obras se adjudicaron a Acciona en UTE con Servinabar. Al respecto ha reconocido que García -que todavía no estaba contratado en el PSOE- hizo algunos trabajos para Acciona vinculados con el proyecto minero pero que ellos no le pagaron nada por estos servicios. Según ha precisado, estos servicios los retribuyó Geoalcali.

Sobre las facturas al bar Franky ha asegurado que respondieron a pagos por servicios reales, pese a que la UCO sospecha que se emplearon para camuflar el reparto de mordidas. Al respecto ha asegurado que costearon también los gastos de Koldo. Preguntado por los motivos por los que algunas facturas alcanzan casi los 3.000 euros, el exdirectivo de Acciona se ha limitado a negar irregularidad alguna con este asunto.

Sobre las adjudicaciones del Ministerio de Transportes, Merino ha insistido en numerosas ocasiones que no recordaba la licitación de las mismas y que, en cualquier caso, las que eran de ámbito nacional se decidían desde Madrid. De hecho, ha señalado a dos superiores, asegurando que su responsabilidad en estas adjudicaciones era meramente "técnica". Además, ha dicho que "nunca" se reunió con la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ni con el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, a quienes se les acaba de citar como imputados para el 21 de julio por estos hechos.

Alonso donó 4.500 euros a Ábalos porque "desgrava"

Con todo, ha confirmado que fue él quien introdujo en el Ministerio de Transportes a sus cuñados Antonio y Daniel Fernández Menéndez. Ambos son hermanos de su mujer, Susana Fernández Menéndez, y están imputados también estas diligencias por las adjudicaciones bajo sospecha a Obras Públicas y Regadíos (OPR). Sobre su papel de mediador ha precisado que lo hizo para facilitarles el acceso con el fin de abrirles camino y ayudarles.

Por su parte, Antxon Alonso ha defendido la actuación de Servinabar en estas adjudicaciones, pese a que la Guardia Civil sospecha que la firma se creó "ad hoc" para adjudicarles los contratos y desviar desde la misma el pago de las mordidas. Al igual que ha defendido Merino, Alonso ha asegurado que el proyecto de Geoalcali era privado y que, por lo tanto, no había financiación pública. Al respecto ha defendido la fórmula de concurrir con una empresa grande como era Acciona y ha confirmado que llegaron a presentarse incluso a más de 20 adjudicaciones, aunque lograron cinco.

Sobre Santos Cerdán ha indicado que le conoció cuando fue a presentar un proyecto de viviendas a Milagro, localidad natal del exsecretario de organización del PSOE. A partir de ahí se fraguó una relación de amistad, llegando a ofrecer su casa de alquiler en Madrid a Cerdán cuando este dio el salto a la política nacional. En relación con la donación a Fiadelso, la fundación de Ábalos que canalizó pagos de los imputados, este empresario ha dicho que fue un abono aislado, como otros efectuados también a fundaciones y asociaciones, porque "desgrava fiscalmente".

Pagos periódicos a Koldo

Al igual que hizo Santos Cerdán ante el juez la semana pasada, Alonso ha asegurado que el documento de venta del 45% de Servinabar al exdirigente socialista carece de validez jurídica. Al respecto ha explicado que Cerdán firmó el papel porque obtuvo malos resultados en política en Navarra y barajó dejar la política. Sin embargo, luego reculó y, por lo tanto, ni le pagó los 6.000 euros estipulados en el documento ni tampoco fueron al notario. "Él rompió su copia y yo la mía la guardé, la UCO ha visto que guardo documentos de 20 años", ha dicho.

Este empresario, que se ha convertido en pieza clave tras confirmar Cerdán que medió para que el PSOE acercara posturas con el PNV y con Bildu, ha confirmado los pagos a Koldo. Según ha dicho, mantuvo una relación profesional con este último cuando era autónomo y, por ello, le pagó "un sueldo mensual" a cambio de que le presentara negocios de obra privada.

En ese contexto ha enmarcado las anotaciones localizadas en el teléfono de Koldo sobre su mediación para facilitarle obras. Es más, ha dicho que la relativa a "panadero" (proyecto que incluía un plan de construcción de un supermercado y de un establecimiento hostelero en Huarte) se la consiguió Koldo, quien entonces era concejal del PSN en dicha localidad navarra. No obstante, Alonso -que solo ha respondido a las preguntas de su defensa letrada- ha evitado pronunciarse por sus vínculos políticos con los partidos que apoyaron la moción de censura del 2018 con la que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

Tras declarar, el magistrado les ha dejado en libertad pero con medidas cautelares tales como prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y comparecencias en el juzgado. El magistrado Leopoldo Puente no ha dado especial validez a su relato y ha mantenido los indicios consistentes contra ambos por los que se les imputan delitos de organización criminal y cohecho.